Imputada una concejal de Pedro Castro por prevaricación

La concejal de Obras del Ayuntamiento de Getafe adjudicó en 2007 la construcción y explotación de un aparcamiento de 461 plazas a una empresa en la que el presidente era su marido, el secretario, su padre y la tesorera, su madre.

Imputada una concejal de Pedro Castro por prevaricación
Imputada una concejal de Pedro Castro por prevaricación

Por haber votado a favor de esta adjudicación y haberse abstenido (como obliga a los cargos públicos la Ley de Contratos en caso de que haya relación conyugal) la edil del Gobierno de Pedro Castro tendrá que declarar como imputada el próximo 11 de marzo ante el Juzgado número 7 de la localidad.

«Jilguero 2005, Sociedad Cooperativa Madrileña», que preside el marido de González, José Miguel, resultó adjudicataria del contrato municipal en una Junta de Gobierno local de 2007, gracias al voto de su mujer, al de Pedro Castro (presidente de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias) y al de su hijo y concejal de Hacienda, David Castro. Y es que González vulneró hasta en dos ocasiones la Ley de Contratos, ya que, además de votar en la adjudicación de la construcción, también dio su apoyo cuando se cambió el contrato de explotación, de 40 a 60 años.

Junto a «Jilguero 2005», hubo otras cuatro sociedades que también resultaron adjudicatarias del Plan Municipal de Aparcamientos que Castro hizo en 2007. Las cuatro cooperativas adjudicatarias se crearon en la misma fecha, tienen la sede en el mismo domicilio, calle Madrid, nº30, 1ºA (Getafe), y pertenecen a la misma gestora, Roblepark S.L. Para El PP, estos datos evidencian que Castro «organizó una trama de corrupción» en la adjudicación de los aparcamientos. «Estas actuaciones no afectan sólo al parking de la calle Jilguero, al que deberíamos denominar «Los Buitres», sino que afectaría a cinco aparcamientos del plan, en total 1.423 plazas», declaró Juan Soler, candidato del PP a la Alcaldía. En abril de 2010 la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso, pero tras el recurso interpuesto por el PP, en septiembre de 2010 la Fiscalía remitió un escrito en el que afirmaba que podría haber delito en la actuación.