Madrid cambia su Ley de cajas para limitar al 40% la presencia pública

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, quien ha precisado que esta reforma busca la "despolitización absoluta de la gestión financiera"y "la libertad de actuación en el mercado"algo, a su juicio, "sustancial"en momentos de crisis como el actual. También se pretende "garantizar la independencia"de la caja.

El consejero ha indicado que uno de los puntos fuertes de la reforma es el "limitar al 40 por ciento la presencia pública, ganando peso los impositores"en la caja. Además, se disminuirá el poder de las corporaciones municipales en un 1,5 por ciento.

Junto a ello, se establece que los consejeros generales del sector de entidades representativas se distribuirán por comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía en las que la caja tenga abiertas oficinas "en proporción a la cifra de depósitos captados por cada caja en cada una de ellas", precisan desde el Gobierno regional.

La nueva norma, según Beteta, "recoge la integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) en el ejercicio indirecto de la actividad financiera y la conversión en la Fundación".

Otro de los puntos a destacar es que los consejeros de la Caja no van a poder ser cargos políticos electos ni cargos de la Administración y, además, al menos la mitad de los vocales del Consejo de Administración y la totalidad de los miembros de la Comisión de Control deberán acreditar conocimientos y experiencia en el sector. En este sentido, se suprime el representante autonómico en la Comisión de Control de las cajas de ahorro.

Asimismo, se "endurece"el régimen de retribuciones de la Presidencia Ejecutiva y de la Dirección General "estableciendo que no podrán tener otras actividades remuneradas". De esta forma, se regula como incompatible percibir simultáneamente retribuciones del SIP y de las diferentes cajas que no lo pueden constituir.

El Gobierno regional también ha incluido en su nueva normativa el apartado de la Ley estatal en el que se establece que el mandato de los miembros de los órganos de Gobierno será de 12 años como máximo. "Los que se renueven con posterioridad a la publicación del Real Decreto Ley estatal no pueden superar dicho límite salvo que se produzca un proceso de integración o fusión, en cuyo caso se permitiría superarlo hasta agotar el mandato", indica la Comunidad.

Este proyecto, que será remitido al Consejo Económico y Social (CES) para su informe, se adapta a la normativa estatal e incluye, según ha precisado el consejero, dos de sus aspectos: favorecer la capitalización de las cajas y profesionalizar los órganos de Gobierno.

Por ello, la reformada normativa autonómica regulará las cuotas participativas, "para que, además de los derechos económicos que ya se le reconocían, se le reconozcan los derechos políticos que corresponden en forma paralela a la de los accionistas en la sociedades de capital".

De este modo, se incluirán "todos los artículos necesarios"para garantizar el derecho de los cuotapartícipes (nuevos accionistas privados), entre los que destacan el derecho a voto, participación, estatuto jurídico, información de los órganos de Gobierno e impugnación, entre otros, "que pueden delegarse en el consejo de Administración".

También se incluirá el Sistema Institucional de Protección (SIP), que ya estaba sujeto a autorización en la Ley vigente, y se regulará el ejercicio directo de la actividad de la Caja a través de una entidad bancaria.

Con esta nueva normativa también se pretende regular la transformación de la Caja en Fundación. Así, será la Comunidad Autónoma la que autorice las modificaciones estructurales. Para dar cabida a estas figuras se adaptará la normativa de registro de cajas de ahorro, la Obra Social y los órganos de gobierno.

La ley también establecerá que la Obra Social ejercida a través de fundación "va a quedar directamente sujeta al protectorado de la Comunidad Autónoma". Junto a ello, y a través del derecho transitorio, "la norma indica que estas modificaciones no hacen preciso adelantar los procesos electorales previsto con el fin de garantizar la buena marcha de la fusión, constitución del SIP, su Consejo de Administración", entre otras cuestiones.

La normativa prevé que la cajas puedan seguir desarrollando su labor de obra social y establece que, independientemente de las modificaciones que puedan sufrir, las entidades resultantes tienen que continuar con la misma.

"Para garantizar su cumplimiento, se refuerzan las funciones de la Comisión de Obra Social, que contará con un representante de la Comunidad de Madrid, y se la vincula a la Asamblea General de la caja. Asimismo, la Ley regula que el presupuesto de las fundaciones que las cajas pueden crear para desarrollar obras sociales debe ser autorizado por la Comunidad de Madrid y supervisado por la Asamblea General", subraya el Gobierno madrileño.

Beteta ha explicado en rueda de prensa que la Ley prevé que todas las actuaciones que tienen que ver con el dividendo que se reciba de la Obra Social "sean objeto de decisión política por parte de la Comunidad de Madrid".

De este modo, se creará una comisión específica denominada de Obra Social en la que habrá un representante autonómico. A través de ella, se podrán aprobar las directrices generales "que tienen que llevar a cabo no sólo la Obra Social fruto de la caja que tiene su domicilio social en la Comunidad de Madrid -- es decir, Caja Madrid--, sino también a aquellas cantidades que otras cajas vayan a tener que invertir en la Comunidad de Madrid". "A partir de ahora tendrán que ser bajo los criterios inspiradores que diga el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha apostillado.