Educación de calidad

De la ruinosa herencia que han dejado ocho años de gobierno socialista destaca, aparte del déficit público, el fracaso de la Educación, que ha hundido a la escuela española en los últimos puestos del ranking de los países desarrollados. La tasa de fracaso escolar, que supera el 26%, es la funesta cosecha de una ley que los socialistas impusieron al poco tiempo de llegar al poder en 2004 con el único propósito de que no se aplicara la reforma impulsada por José María Aznar. De aquel ejercicio de sectarismo procede la calamitosa salud de la enseñanza de hoy. Para poner fin a este despropósito, el ministro Wert ha presentado un proyecto de reforma sensato y pragmático. No es una «revolución» educativa, ni mucho menos, sino un cambio sustancial que introduce más controles de calidad, refuerza las asignaturas básicas de Matemáticas, Lengua e Inglés y adelanta un año la elección de itinerarios. Por contra, la asignatura Educación para la Ciudadanía, que fue el estandarte ideológico del PSOE, desaparece en Primaria y será sustituida en Secundaria por Educación Cívica y Constitucional. Una de las novedades más relevantes es la introducción de cuatro pruebas o reválidas a lo largo del itinerario educativo: en 3º y 6º de Primaria, en 4º de la ESO y en 2º de Bachillerato; esta última sustituye a la Selectividad, cuya devaluación progresiva la habían convertido en irrelevante. Eso sí, la nueva ley permite a las universidades establecer o no su propio examen de acceso. Las pruebas de evaluación son una herramienta necesaria porque permite detectar de forma temprana las carencias de los alumnos y no dilatar las soluciones a los problemas. Pero además tiene un efecto positivo sobre el alumnado en la medida en que valora su esfuerzo, premia sus cualidades y estimula su trabajo. De especial importancia es la reválida de Bachillerato, que tendrá un peso del 40% en la nota final y determinará el pase a la Universidad. Elevar el nivel de esta etapa era un clamor general. Como también era una demanda ampliamente respaldada, incluso exigida por los organismos europeos, la homogenización de las enseñanzas en todas las comunidades autónomas. La propuesta de Wert no es descabellada ni desmesurada: aumenta en un 10% los contenidos que fija el Gobierno de la nación: el 65% en las comunidades con lengua cooficial y el 75% en las restantes. Es una medida razonable para poner coto a la dispersión de temarios, que en algunas asignaturas ha sido esperpéntica y ha provocado retrasos de hasta curso y medio entre unas autonomías y otras. En suma, la reforma que propone el ministro de Educación es realista y busca, ante todo, reforzar las asignaturas básicas, valorar el esfuerzo académico y poner cierto orden en ese cajón de sastre en el que se mezclan 17 escuelas distintas.