Corbacho aplaude que las empresas financien 72 millones de horas sindicales

El todavía ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no ve con desagrado que las empresas corran con el coste que supone dedicar 7,247 millones de horas a las actividades de los representantes sindicales. A trece días de la huelga general, el Gobierno central pasó ayer de puntillas por el coste que conlleva mantener en una época de crisis como la actual a 290.828 delegados sindicales en las empresas españolas. Sin contar con que los 4.127 liberados sindicales representan una factura media para las compañías de nuestro país de 250 millones de euros.

Y es que el Gobierno trató ayer por todos los medios de no entrar en la polémica suscitada en los últimos días por los delgados y liberados sindicales que soportan las empresas y las Administraciones Públicas en una crisis de las dimensiones actuales para evitar caldear la huelga general. Es más, Celestino Corbacho aseguró ayer que en España hay los liberados sindicales que corresponde según establece la ley. Por tanto, considera que «son los que deben de estar». De esta manera, salió al paso ayer del polémico anuncio de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, de suprimir por ley la condición de liberados sindicales a unos 2.000 trabajadores de la Comunidad de Madrid.

«Lo que hay que hacer es cumplir la ley. Cualquier debate que quiera hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid creo que debe hacerlo en un clima de más rigor y más serenidad», advirtió. Además, arremetió contra Aguirre por intentar aprovechar electoralmente este asunto, algo que, a su juicio, es en definitiva lo único que pretende.

Los sindicatos coincidieron ayer con Corbacho en atacar por esta cuestión a la oposición. En ese sentido, denunciaron ayer una campaña orquestada por el PP contra los delegados y liberados sindicales. Los secretarios de Acción Sindical de CCOO y de UGT arremetieron contra el PP por la «ofensiva iniciada contra los sindicatos», con la que pretende hacer «un asalto total a los derechos de los trabajadores».

Mientras, la patronal CEOE no consideró prioritario que haya que cambiar la norma para reducir el número de liberados sindicales en las empresas. Según el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, para acortar el número de liberados habría que cambiar el Estatuto de los Trabajadores, algo que definió como «complejo», ya que no se va a tocar la ley para modificar sólo un artículo. En su opinión, hay que abordar otros temas «prioritarios» antes que el de los liberados para dotar a España de un marco laboral moderno y homologable a los del resto de Europa. Lacasa evitó ayer por todos los medios pronunciarse sobre la decisión adoptada por la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la reducción del «excesivo» número de delegados sindicales que soporta la Administración Pública madrileña.


Aguirre cita a las centrales para negociar
La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció ayer que seguirá adelante con su propósito de ajustar el número de liberados sindicales a los que marca el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Libertad Sindical. Esperanza Aguirre explicó que el consejero de Presidencia, Francisco Granados, reunirá en los próximos días a la Mesa General de la Función Pública, en la que están representados todos los sindicatos, para negociar la eliminación de todos los liberados sindicales elegidos no por los trabajadores sino por las centrales. Granados añadió que en caso de no llegar a un acuerdo, el Gobierno regional se acogerá al artículo 38 del Estatuto de la Función Pública –permite saltarse acuerdos previos si las condiciones económicas cambian– para rebajar el número de liberados.