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La Razón
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El gobierno Zapatero sabía y sabe que Josu Ternera, máximo jefe de ETA se esconde entre Bélgica y Holanda. Le tienen localizado, perfectamente localizado. Sin embargo no se actúa contra él, porque se espera que el dirigente etarra marque las pautas que lleven a un escenario de negociación. Estamos en puertas de la segunda fase iniciada por el gobierno Zapatero, un alto el fuego permanente que se ensayó antes del atentado de la T-4 y de la que finalmente no se pudo sacar nada en claro. Esta nueva oferta de ETA no debe hacernos albergar esperanza alguna, entre otras cosas porque responde a las intenciones sempiternas de la banda terrorista. El portavoz que habla en la imagen central de los tres encapuchados es Josu Ternera, tal y como lo reconocen e identifican algunos agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. ETA cambia su discurso para no cambiar nada, por eso no podemos esperar nada. ¿Qué se puede esperar de tres encapuchados, que no dan la cara, esconden su identidad y pretenden hacernos creer que van de buenos? Justamente eso: nada. No se puede esperar otra cosa que más de lo mismo, un ganar tiempo para reorganizar su diezmada estructura por los golpes policiales y que necesitan para poder sobrevivir y seguir con su actividad delictiva y terrorista. ETA asegura con este alto el fuego permanente y de carácter general que cesará la confrontación armada «siempre que acaben las medidas represivas y de negación de Euskal Herria, y que no cejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término el proceso democrático hasta alcanzar una verdadera situación democrática en Euskal Herria», asegurando su independencia. Nada nuevo bajo el sol. ETA insiste en sus condiciones de siempre y en su ganar tiempo para reorganizarse y eso pasa por su presencia en las instituciones públicas. Pues bien, nada de nada mientras la banda no entregue las armas y sus acólitos condenen la violencia sin paliativos. Porque lo que no se puede aceptar es un alto el fuego mientras la banda insiste en el chantaje a los empresarios y la violencia en el País Vasco. Las pruebas deben ser inequívocas, porque en caso contrario, estamos donde estamos.