Déficit oculto: el agujero autonómico roza los 50000 millones

MADRID- Comienza el trabajo duro del PP: desempolvar las facturas, contabilizar el déficit y recortar el gasto. Tras el vuelco electoral del 22-M y el relevo en los gobiernos locales y autonómicos, viene el gran encontronazo con la realidad. De hecho, el presidente de los populares, Mariano Rajoy, se reunirá con sus presidentes autonómicos en un plazo máximo de dos semanas para abordar el gran problema de los nuevos dirigentes del PP: el déficit oculto. Se trata de las desviaciones no declaradas en las cuentas públicas de los ayuntamientos y comunidades del país. Un montante que, según los expertos, podría situarse en una horquilla que oscila entre los 10.000 y los 50.000 millones de euros.

En opinión del responsable del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo, «la cifra puede rondar los 10.000 millones de euros, por lo que el déficit superaría así en un 1% el dato oficial». La causa de casi todos los males es la rama sanitaria. El economista del IEE lanza los cálculos del instituto: si «sólo se ha reconocido una deuda en la Sanidad de 12.000 millones y, según los proveedores, ésta podría alcanzar hasta los 18.000 millones», sólo en este sector se cifrarían en 6.000 los millones ocultos. Si a esto se suman las facturas que no han sido abonadas en otras áreas o los compromisos pendientes de pago en el sector de la construcción y en otros servicios públicos, el déficit oculto sumaría, al menos, otros 4.000 millones más, lo que cuadraría la cifra de que la deuda oculta ronda los 10.000 millones de euros.

Habrá que esperar a que el PP revele los resultados de las auditorías externas que va a solicitar para conocer el importe final del déficit no declarado, pero los expertos coinciden en que el endeudamiento de las comunidades autónomas supera en al menos un 1% la cifra que ha reconocido el Gobierno.

Sorpresas para Cospedal
Según el catedrático de Hacienda Pública Juan José Rubio «sólo en Castilla-La Mancha el déficit sería, según las estimaciones, un punto y medio superior al declarado, lo que situaría la deuda de esta comunidad en un 8%».

Coincide así con Iranzo, que apunta que será la dirigente popular, María Dolores de Cospedal, la que se encuentre con «la región más endeudada, tras sacar facturas de los cajones». En su opinión, Castilla- La Mancha «es una de las comunidades en las que más se ha podido tapar».

Para el economista y profesor del IESE, José Ramón Pin, «habrá que calcular el importe total de las facturas que están sin contabilizar y los compromisos que hay sin facturar», aunque considera «razonable» la cifra que apunta a los 10.000 millones de euros. En cualquier caso, su lectura pasa por la advertencia de que, para recortar el gasto, el PP se verá abocado a aplicar recortes. A su juicio, «el aumento de impuestos a medio plazo reprimiría la economía privada y reduciría los ingresos».

En cualquier caso, Pin asegura que la solución podría pasar por una convocatoria de elecciones generales, «dado que el Gobierno ya no tiene autoridad». Equivale a que su derrota en los pasados comicios puede interpretarse como debilidad y, por tanto, a «que los inversores extranjeros y los gobernantes europeos no se fíen de lo que diga Rodríguez Zapatero». Según Pin, esto podría traducirse, además, en una pérdida de confianza en los mercados, lo que implica un aumento del diferencial de la deuda.

Tiene la misma opinión Ángel Laborda, director de Coyuntura de Funcas, que considera que un déficit oculto superior a los 5.000 millones sería «peligroso, no porque no sea asumible en términos económicos, sino porque los mercados son sensibles y, tras lo ocurrido en Grecia, que trató de falsear las cuentas, se metería a España en el mismo saco. Es decir, el problema vendría precisamente de la falta de credibilidad y eso se traduciría en un incremento de la desconfianza».

Más deuda
Más cruda todavía es la visión de Juan José Rubio, catedrático en Hacienda Pública, que apunta que el déficit oculto podría rondar los 26.000 millones de euros, lo que, a su juicio, «entraría dentro de la lógica económica». Pero va más allá. Advierte incluso de que si esa cifra se suma a los 30.000 millones que las administraciones públicas deben a los trabajadores autónomos, el agujero podría superar los 50.000 millones de euros. Rubio lanza la crítica: «Se ha producido un maquillaje de las cuentas para cumplir a corto plazo con los requisitos de déficit público, pero el endeudamiento real aflorará en un futuro».

Para el catedrático y responsable de Economía del Consejo de Dirección de UPyD, Álvaro Anchuelo, la solución pasa por «una reforma de la financiación local», que todavía no se ha llevado a cabo y que el Gobierno quiso aplazar hasta después del 22-M. Según Anchuelo, porque el Ejecutivo no quería «perder los apoyos parlamentarios nacionales».

Para Manuel Milián Mestre, ex diputado del PP, los casos más graves se verán en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Asimismo, añade: «Conociendo a Mariano Rajoy, austero, el recorte pasará por las partidas presupuestarias para los amiguetes de las empresas públicas».
 
Para Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo, «los mercados ya están desconfiando» y los nuevos equipos de gobierno tendrán que cuantificar la deuda real, «dado que si la asumen, le será asignada a ellos».

En cualquier caso, el ex ministro entiende que ya «se está abriendo una segunda oleada de recortes de salario y empleo en las administraciones públicas». Apunta en este sentido que «se mezclarán las dos recetas»: se recortará el gasto y subirán más los impuestos.

Cajones llenos de facturas en Sevilla
El Gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín, ante las peticiones de «transparencia» de la oposición, esgrimió los datos del Banco de España, que a marzo de 2011 cifraba el déficit del Ayuntamiento en 454 millones. La sorpresa que dio el Gobierno PSOE-IU fue la de presentar de forma urgente, en el Pleno previo a las elecciones, 7,1 milones de facturas impagadas en arreglos de las calles y alumbrado público, algunas de ellas pendientes desde 2002. Fue el detonante para que el alcalde electo, Juan Ignacio Zoido (PP), anunciara el pasado martes la realización de una auditoría de todas las delegaciones y empresas municipales para conocer la «deuda real», además de entregar al interventor las numerosas facturas sin pagar que, sospecha, se mantienen ocultas de los tres mandatos socialistas.