Las autonomías burlan a Sanidad con leyes propias contra la quiebra

Tanto que, por ejemplo, en numerosos feudos autonómicos no hay ya fondos para pagar las nóminas de los profesionales sanitarios, contratar a pediatras o saldar en plazos razonables las deudas contraídas con los fabricantes de productos sanitarios y de medicamentos para hospitales.

Dentro de esta espiral de angustioso déficit sanitario, que supera ya en toda España los 11.000 millones de euros, las Consejerías han puesto sus miras en el gasto farmacéutico, pese a situarse en crecimientos negativos por primera vez en muchos años.
 Ya intentaron hacerlo de forma tímida en el último trimestre del año 2009, y ahora vuelven a la carga, al margen del Ministerio de Sanidad y Política Social, encabezadas por tres territorios que se han situado en el centro de la polémica en el sector: Galicia, Cantabria y Andalucía.

«Empleo racional»
La primera comunidad ya amagó a principios de este año con la creación de un observatorio para dirigir el «empleo racional» de los fármacos en su territorio. Ahora, ha ido más allá al impulsar desde el Parlamento autonómico una iniciativa para financiar con dinero público sólo los medicamentos más baratos de cada principio activo. El malestar de Farmaindustria, la patronal de los laboratorios farmacéuticos, y del Ministerio de Sanidad, que ha pedido explicaciones por escrito a la consejera de Salud, Pilar Farjas, de cara a interponer más adelante un posible recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha llevado al propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a pronunciarse al respecto.

Facturas en los cajones
El antiguo presidente ejecutivo del Insalud, en la época de José Manuel Romay como ministro de Sanidad, ha asegurado que el nuevo catálogo de fármacos financiados responde a un compromiso con el «mantenimiento» del sistema público.

Núñez Feijóo, que cuenta con el apoyo de los médicos y de buena parte de los farmacéuticos, pide al Ministerio de Sanidad que explique a las comunidades cómo atender las facturas sanitarias «que están escondidas en los cajones», en alusión a la bancarrota que azota al Sistema Nacional de Salud.

El segundo foco de la polémica es Cantabria. En esta comunidad, el Colegio de Médicos ha adoptado una iniciativa insólita: denunciar ante la Fiscalía al gerente del Servicio Cántabro de Salud por cambiar de forma deliberada los medicamentos consignados en las historias clínicas de los pacientes. A su juicio, se trata de una violación de la sacrosanta libertad de prescripción que rige para los facultativos.

Implicaciones penales
El Colegio Oficial de Médicos añade, además, que la decisión autonómica «supone una vulneración de la seguridad y la confidencialidad de la historia clínica y de la ley básica reguladora de la autonomía del paciente», y podría tener implicaciones penales «al suponer una usurpación de las funciones del médico responsable del paciente y una alteración de un documento administrativo». Argumentos todos ellos que el Servicio Cántabro de Salud niega.

El tercer territorio que está a punto de legislar contra el gasto farmacéutico por su cuenta y riesgo, al margen del Ministerio, es Andalucía. Según informa El Global, la intención de la Junta es sacar pronto a subasta el suministro de medicamentos en las oficinas de farmacia, lo que implicaría la fijación de un precio andaluz para los productos afectados, que podría ser diferente al trazado por el departamento que dirige Leire Pajín.

De acuerdo con este periódico especializado, la vía que ha elegido la Consejería de Salud de María Jesús Montero para emprender la reforma es el nuevo concierto que está negociando con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Llueve sobre mojado
En el caso de esta comunidad ya llueve sobre mojado. En 1997, decidió mantener bajo financiación pública los fármacos de utilidad terapéutica baja excluidos por el ministro José Manuel Romay, en el primer Gobierno del PP, a través del famoso y polémico «medicamentazo». Lo hizo a través del llamado «contramedicamentazo».

Desde entonces, ha puesto en marcha todo tipo de planes de política farmacéutica al margen del Estado, como, por ejemplo, el impulso de la prescripción por principio activo –el componente básico de cada medicina– a cargo de los médicos, o el proyecto de establecer una financiación selectiva de algunos productos, con el fin de dejar de pagar algunas indicaciones de los mismos.

Además de estos territorios, durante los últimos doce meses ha habido otros que han actuado también al margen del Ministerio de Sanidad en materia de medicamentos. Los casos más sonoros han sido los de Castilla-La Mancha y el País Vasco: los planes de choque de sus consejerías de Sanidad guardan cierto parecido con el aplicado en Cantabria, al obstaculizar de forma tácita la prescripción de algunas marcas por parte de los facultativos.

A ellos, hay que añadir las actuaciones de Aragón, que llegó a planear una criba de los fármacos antes de autorizar su utilización en los hospitales públicos; Madrid, que cuenta con un Consejo Asesor de Farmacia pensado para contrarrestar la visita médica de los laboratorios, y Valencia, que avisará a los pacientes que superen la media de consumo de medicamentos mediante una especie de «factura sombra».


Heridos en la «guerra» de los pañales
- Las autonomías están aprovechando también la pasividad del Ministerio de Sanidad en lo tocante a la política farmacéutica para obtener ingresos extra a costa de los pañales. Como informó LA RAZÓN, muchas de ellas intentan arañar de las boticas descuentos extra al aplicado por el Ministerio del 20 por ciento, lo que lleva a los farmacéuticos a vender a pérdidas. Cataluña, por ejemplo, ha apalabrado un descuento adicional del 6,3 por ciento, aunque otros feudos, como Andalucía, pretenden aplicar un 12.
- Las Consejerías se valen de la indefinición de Sanidad. En una nota, el director general de Farmacia, Alfonso Jiménez Palacios, se limita a rogar que Las farmacias de numerosas partes de España han tenido que vender a pérdidas los pañales por culpa del doble descuento que les aplican el Gobierno y las autonomías.