Los Presupuestos de 2012 fijarán un déficit cercano al 59%

MADRID- Con los datos oficiales bajo el brazo, un déficit del 8,5 por ciento en 2011, es decir, dos puntos y medio por encima de lo pactado en el programa de estabilidad –cifra que el PSOE, por cierto, mantuvo que se cumpliría hasta el último día–, el Gobierno de Rajoy entiende que tiene de su parte todos los argumentos necesarios para conseguir que la Comisión Europea revise ese límite del 4,4 por ciento de déficit para este año, que se ha convertido en un «yugo» para la recuperación económica.

Como adelantó este periódico el pasado sábado, el Gobierno está trabajando ya sobre unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no incluirán, «por necesidad», el «demoledor» recorte del gasto público que exigiría cumplir con ese 4,4 por ciento que la Comisión Europea fijó para España cuando aún se esperaba que la economía creciera en 2012 y que 2011 se cerrase con un déficit del 6 por ciento. El escenario se ha dado la vuelta: el Gobierno socialista anticipó incluso un crecimiento del 2,3 por ciento para este ejercicio, hoy pura ficción.

Ayer, el ministro Montoro inauguró en el escaparate público la negociación discreta que el Ejecutivo mantiene con Bruselas para revisar el plan de consolidación fiscal y «hacerlo viable», según fuentes de Moncloa.

Esa viabilidad se mueve en un cierre del ejercicio, según los cálculos del Gobierno, que esté por debajo del seis por ciento, pero tan solo unas décimas. «Alrededor del 5,9 por ciento del déficit para el conjunto de las administraciones: Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales», precisan las fuentes consultadas.

Las nuevas previsiones
Bruselas nos pedía un recorte de menos de dos puntos del déficit en un escenario de crecimiento económico. El pasado jueves reiteró oficialmente que España debía ajustarse al 4,4 por ciento al tiempo que estimaba un crecimiento negativo del 1 por ciento, un claro empeoramiento con respecto a sus anteriores proyecciones de octubre, en las que preveía un crecimiento moderado del 0,7 por ciento.

En este nuevo escenario, un recorte del gasto público de la dimensión de 4,1 puntos –para rebajar el 8,5 hasta el límite todavía vigente del 4,4 por ciento– exigiría una poda del gasto público de 40.000 millones de euros, lo que, según el Gobierno, pondría hasta en riesgo el actual sistema de pensiones, obligando a bajarlas o a echar mano de la hucha de la Seguridad Social, además de afectar a otras partidas sensibles del gasto social. La Seguridad Social acabó el año con un déficit de 995 millones de euros, el 0,09 por ciento del PIB, mientras que el objetivo auguraba un superávit del 0,4 por ciento del PIB. Esto quiere decir que las aportaciones de los que hoy trabajan ya no son suficientes para mantener a los pensionistas.

La negociación con Bruselas está en marcha y la lleva directamente el Ministerio de Economía y el consejero de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn. Una negociación que en ningún caso afectará al discurso de firmeza y de compromiso con el déficit que el Gobierno ha defendido desde que tomó posesión. Cualquier duda al respecto perjudicaría –sostienen– a la confianza de los mercados y aumentaría las dificultades de España para financiarse. «Es jugar con fuego; tenemos la obligación de mantener el compromiso con los ajustes y las reformas y los Presupuestos serán una buena prueba de ello», explican en Moncloa.

Un compromiso con la estabilidad que tendrá su continuidad en los Presupuestos del próximo año, que se presentarán en verano para su tramitación parlamentaria en el nuevo curso político.

Arduo camino para rebajar el objetivo de la UE
C. Herrero
El Gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta a una dura negociación para conseguir su objetivo de flexibilizar el objetivo de déficit público previsto para 2012, del 4,4% inicial, hasta una cifra más realista. La primera parada será en la Comisión Europea, donde el responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, se ha mostrado reticente a la rebaja. Fuentes de la Comisión advirtieron ayer de que corresponde al Consejo de ministros, por unanimidad, pronunciarse sobre una modificación de los programas de estabilidad. Rehn señaló que en el último Ecofin España se comprometió a seguir cumpliendo «los objetivos presupuestarios». «Confío en que España cumpla», remarcó.