El Gobierno impondrá el plan contra la economía sumergida

Tanto UGT como CC OO consideran que está hecho para los empresarios y genera un déficit en la protección social de los trabajadores. Las dos centrales sindicales mayoritarias no entienden la prisas del Ejecutivo.

Sin negociación
El titular de Trabajo, Valeriano Gómez, ha asegurado que el Gobierno mantiene «su disposición» a aprobar el plan para aflorar empleo oculto en el Consejo de Ministros de mañana a través de un Real Decreto-ley, al subrayar que estas medidas no se incluyeron en la «agenda del diálogo social» y que se deben tomar pronto para aprovechar la coyuntura económica. Durante la toma de posesión del nuevo director general de la OIT, Joaquín Nieto. Valeriano Gómez también recordó que el Ejecutivo decidió abrir un periodo de consultas con sindicatos y empresarios, que finalizó ayer, pero no un periodo de negociación «habitual».

Para los sindicatos, el texto del Gobierno deja a los trabajadores en total dependencia del empleador que, «con la promesa de un contrato, puede evitar la denuncia y reclamación por otras infracciones», subrayan en alusión a que no se exige al empresario un compromiso de que deba mantener el puesto de trabajo aflorado. CC OO y UGT avisan de que el plan que prepara el Gobierno «excluye» al empleo doméstico, tanto en los supuestos en los que el empresario está obligado al alta en la Seguridad Social, como cuando esta labor corresponde al trabajador.

Por ello, creen que el colectivo que más riesgo corre de quedarse al margen del plan sea el de las mujeres. Los sindicatos consideran además que los trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular tampoco se podrían acoger a las nuevas medidas para destapar el empleo «B», con independencia del tiempo efectivo que han estado desempeñando un empleo.

El ministro de Trabajo ha descartado una vez más que el plan esté acompañado de una amnistía para emerger el empleo en negro. «Se trata de dar dos o tres meses para que las empresas opten por el afloramiento una vez se apruebe el decreto ley. Lo que interesa es que cuantos más empleos emerjan, mejor», agregó. El plan, aseguró Gómez, no contiene ninguna amnistía, «sino facilidades». El ministro sólo concretó que éstas se refieren a los recargos de las sanciones y al aplazamiento en las deudas con la Seguridad Social. «En crisis hay que dar facilidades para que las empresas contraten».

El Estado quiere recuperar parte del subsidio
El Gobierno quiere que las grandes empresas de más de 500 trabajadores y que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, realicen expedientes de regulación de empleo (ERE) que afecten a trabajadores mayores de 50 años efectúen una «aportación económica» al Tesoro para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por paro. Para el cálculo de la aportación se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y los subsidios de los empleados de más de 50 años.