Calderón a fondo contra el «narco»

Por primera vez en la historia de México y como parte de la guerra contra el narcotráfico, que se sostiene desde 2006, ayer fueron detenidos 28 funcionarios que protegían el crimen organizado, entre ellos 10 alcaldes, un juez y 17 integrantes del Gobierno de la provincia de Michoacán, ubicada en el centro del país.En la investigación, que llevó cerca de seis meses, según informó el portavoz de la Fiscalía General, Ricardo Nájera, se detectó que 28 funcionarios ofrecían protección al cártel de «La Familia», una de las seis bandas delictivas más grandes del país dedicada al tráfico de estupefacientes y a la extorsión a empresarios. De hecho, tan sólo el año pasado asesinaron a 60 comerciantes de la región y en 2002 iniciaron una ola de violencia que incluía las decapitaciones de sus enemigos, hechos que generaron el temor de la sociedad mexicana. El operativo para detener a los funcionarios lo realizaron elementos del Ejército y del Ministerio de Seguridad que contaban con una orden de un juez federal. Los arrestos se produjeron horas después de la captura de 11 secuestradores de dicha organización.El portavoz también dio a conocer que aún se está investigando al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, porque «todos son sospechosos» sin que hasta el momento existan pistas para vincularlo con el crimen.Desde hace dos meses las continúas «sábanas» –pancartas que utilizan los narcos para dejar mensajes– del cártel del Pacífico, adversario de «La Familia», divulgaban por las calles de Michoacán que los alcaldes ayudaban al narcotráfico. La Fiscalía comprobó dicha hipótesis y detuvo a 28 funcionarios. Los implicados son el coordinador de asesores del fiscal de la provincia michoacana, Ramón Ponce; la asesora del gobernador y ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández; el director del Instituto Estatal de Formación Policial y ex director del Ministerio de Seguridad local, Mario Bautista, y el juez de primera instancia en La Piedad y ex subprocurador de Justicia, Jaime Liera. Los alcaldes detenidos son los de Apatzingán, Tepalcatepec, Arteaga, Uruapan, Coahuayana, Zitácuaro, Aquila, Buenavista, Ciudad Hidalgo y Tumbiscatío. Los ediles pertenecen a los tres principales partidos mexicanos: Acción Nacional, de donde proviene el presidente Felipe Calderón; el PRI, que estuvo 70 años en el poder, y el PRD, que preside el Distrito Federal, la capital.Michoacán es una provincia estratégica para los cárteles en el corredor del Pacífico mexicano hacia la frontera con Estados Unidos y es uno de los principales productores de marihuana, amapola y drogas sintéticas. La captura se da en plena campaña electoral, pues el próximo 5 de julio se renovará a los alcaldes en 11 de las 32 provincias y a los 500 diputados federales.El único caso en donde se ha detenido y procesado a una autoridad elegida mediante el apoyo popular fue el del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, acusado de narcotráfico.

«Ser alcalde es un suicidio potencial» Sin ánimo de «crucifixión», el presidente de la comisión municipal del Senado mexicano, Ramón Galindo, asegura que el vínculo de los funcionarios en zonas con influencia del narcotráfico no es opcional, por lo que no deben ser «satanizados». En una entrevista para LA RAZÓN puntualiza: «Si no colaboras, te matan a ti y a tu familia; ser alcalde es un suicidio potencial». En un análisis realizado en conjunto con las Naciones Unidas, el político revela que el 63% de los municipios está infiltrado por el narcotráfico y no hay una sola provincia del país que se salve. Añade que las regiones más castigadas son Michoacán, en donde detuvieron a los 28 funcionarios, Sinaloa y Chihuahua, provincia que más asesinatos vinculados al crimen tuvo durante 2008, llegando a los 1.694.