Cáritas denuncia el abandono público de los nuevos pobres

La pobreza en España ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los dos últimos años. Llega ya al millón el número de personas que no reciben ingresos ni del trabajo ni del sistema de prestaciones, el doble que en 2007. Muchas recurren a Cáritas en busca de una solución a su desesperada situación, que ha registrado un aumento del 50% del número de personas atendidas. Sólo en 2008 prestó ayuda a 597.172, que pedían que ayuda para atender sus necesidades básicas, la cifra más alta de los últimos 40 años. Todo por el «bajo nivel de protección social» que ofrecen las Administraciones Públicas españolas para afrontar la crisis y el desempleo, denunció el secretario general de la organización, Silverio Agea, ayer, durante la presentación del informe «La respuesta de Cáritas ante la crisis».La ONG asegura que el 52% de las personas que atiende llegan derivadas desde los servicios sociales públicos. «Nos envían a personas en situación muy precaria y desesperada para que la institución cubra sus necesidades básicas durante un plazo de varios meses, hasta que la Administración tramita alguna prestación social». Sin embargo, Cáritas «debe complementar el trabajo de los servicios públicos, no sustituir la misión del Estado en este campo», lamenta en su informe. Más aún, culpa a los servicios sociales públicos de «una grave dimisión de responsabilidades, que obliga a Cáritas a volcarse en un modelo de acción puramente asistencialista».La institución tampoco se anda con rodeos a la hora de diagnosticar los déficit de los servicios sociales públicos: «Tiene escasez de recursos por la falta de previsión y de adaptación responsable ante la crisis; prioridades y criterios inadaptados, inoperantes y endurecidos ante la situación económica; y lentitud o nula respuesta ante situaciones básicas de supervivencia» de muchas familias.Agresividad y exigenciasLo lamentable es que, a pesar de que finalmente quien da respuesta a los perjudicados es la ONG de la Iglesia, acaba pagando los platos rotos del «maltrato» de la Administración a estas personas. «Al venir derivadas de los servicios públicos, entienden que Cáritas está obligada a darles una respuesta satisfactoria y vuelcan a menudo su agresividad y sus exigencias sobre la institución que les da acogida», expone el documento sin ambages. Y es que «los servicios sociales públicos dan citas a largo plazo a los demandantes de ayuda –de 30 a 90 días– y tramitan las peticiones en plazos de tres meses o más», denuncia.El informe constata que un ejemplo palpable de la precaria situación por la que atraviesa nuestra economía es el hecho de que «algunas personas afectadas por la crisis empiezan a recurrir a los recursos específicos para las personas sin hogar, como albergues, comedores sociales, centros de día y talleres ocupacionales, porque no disponen de otras alternativas». Ahora, los que acuden a la ONG piden sobre todo ayudas económicas para poder comprar alimentos y para vivienda. Revelador resulta también el hecho de que en 2008, las demandas de ayuda para necesidades básicas en los servicios de acogida de Cáritas aumentaran un 54,5 por ciento.Los más castigados por la crisis que se ven obligados a pedir ayuda son familias jóvenes con edades entre los 20 y 40 años y con niños pequeños. A este grupo de afectados hay que sumar los parados recientes, procedentes de la construcción, la hostelería y la industria. En muchos casos son inmigrantes que contaban con un permiso de trabajo y que ven cómo se agotan las prestaciones por desempleo y se adentran en una situación de «ingreso cero» en los hogares.También solicitan cada vez más asistencia mujeres solas con hijos y con problemas de conciliación entre la vida familiar y laboral, además de hombres solos sin hogar, separados o divorciados que están en paro y no pueden afrontar los gastos del pago de una vivienda.Menos demanda hay ahora de mujeres mayores con pensiones mínimas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, o de inmigrantes en situación irregular que ven endurecidas sus condiciones de vida.Entre los foráneos han aumentado las consultas jurídicas sobre el retorno voluntario a sus países, forzado por la precaria situación en la que se encuentran. Al no encontrar empleo y ver cómo menguan sus ahorros y posibilidades de ayuda, prefieren regresar a su país de origen.Muy significativo es el nuevo fenómeno que emerge entre los inmigrantes: la desagrupación familiar. «Los padres no pueden sostener a toda la familia y quieren que sus hijos regresen o buscan el retorno de la familia con el progenitor mientras que la madre se queda trabajando como interna; o regresa sólo el padre (familias musulmanas subsaharianas) y la mujer tiene que buscar trabajo, en muchas ocasiones por primera vez», expone el documento presentado ayer. Para colmo, la Administración estatal ha endurecido los procedimientos de renovación de papeles y de obtención de permisos para estar en España por la vía del arraigo (para los que llevan tres años en España). Muchos tienen dificultades incluso para afrontar el pago de las tasas administrativas que implican estos trámites. Tampoco llegan las prestaciones sociales para los que carecen de permisos, porque los criterios de concesión para los extranjeros son cada vez más exigentes.ANÁLISIS: Más medidas económicas de subsistencia para los que se quedan sin nada- ¿Cuál es el perfil de la persona que ahora acude a Cáritas?

–Ha habido un aumento de familias de nacionalidad española que piden ayuda. En la mayoría de los casos se trata de varones en paro, mayores de 40 años, con hipoteca o créditos personales a los que no pueden hacer frente. Vivían con lo justo, sin recursos para ahorrar ni apoyos familiares y han agotado las prestaciones por desempleo o trabajan en la economía sumergida. Entre ellos hay muchos trabajadores autónomos de pequeños comercios y talleres que han tenido que cerrar a causa de la crisis. También se ha detectado un ligero aumento de la población gitana que pide ayuda por la caída del valor de la chatarra o la mayor presencia de otros colectivos en actividades como la venta ambulante, tradicionalmente desarrolladas por estas personas.- ¿Qué tipo de ayudas se solicitan?–Acuden a Cáritas para satisfacer necesidades básicas: vivienda, alimentación, acceso al empleo, ayuda psicológica o para libros y material escolar. Las peticiones para alimentación son las que más han aumentado en el último año (57%). - ¿Qué propone Cáritas sobre la actual coyuntura?–Sugiere que se ofrezca una protección equivalente al 80% del salario mínimo interprofesional como «medida de subsistencia para aquellos que se están quedando sin nada». Esta iniciativa supondría un coste de entre 1.700 y 2.200 millones para el Estado, una cifra importante, pero «cuantitativamente no relevante» en comparación con las sumas que se están manejando en los paquetes económicos aprobados para dar respuesta a la crisis.- ¿Cuántas personas trabajan en la institución? –La red de acogida y atención primaria está integrada por 6.000 puntos de acción, apoyados por más de 56.000 voluntarios y unos 4.400 trabajadores contratados.