Cine español: la película más difícil de González Sinde

La familia del cine, que tras la Guerra de Irak emergía como un punto de apoyo inquebrantable para los socialistas, ha propiciado, sin embargo, el descabezamiento de los dos anteriores ministros de Cultura de Rodríguez Zapatero: Carmen Calvo, por su insatisfacción en la gestación de la Ley de Cine, y César Antonio Molina, por la falta de acierto en la ejecución de la norma. La nueva titular, Ángeles González Sinde, no necesita reconstruir los puentes que dinamitó Molina en su última reunión con un grupo de ilustres del sector, porque ella, como presidenta de la Academia de Cine, asistió y defendió la postura de la industria. La recién estrenada ministra no quiere perder el tiempo y ya ha convocado una reunión con el sector para esta semana con el objetivo de dibujar una nueva hoja de ruta, algo a lo que Molina se había negado durante sus últimos días de mandato. Sin embargo, el punto principal de la agenda de González Sinde no tiene que ver con la política cinematográfica, sino con la necesidad de ganar autoridad tras la sorpresa de su nombramiento. Su recibimiento ha sido unánimemente positivo, pero algunas de las caras que han mostrado su satisfacción en público, en privado recelan de su inexperencia en la gestión: «Molina pudo pecar de soberbia y Carmen Calvo de precipitación, pero ambos tenían una visión global del sector que les dio la experiencia, lo que la nueva ministra no tiene», asegura uno de los pesos pesados del sector. Demasiadas expectativasOtros consideran que las expectativas de la profesión cinematográfica se han disparado con su elección y los anhelos pueden estamparse contra la burocracia de la Administración. Los profesionales del sector reclaman la publicación de la orden ministerial que desarrolla la Ley de cine; sin embargo el proceso legal establece que ésta sea sometida a la revisión de los abogados del Estado, estadio en el que se encuentra ahora mismo. Y es que como comentó durante la famosa reunión en Cultura Gerardo Herrero, productor muy cercano a Sinde, «los tiempos del ministerio y los de la industria son absolutamente diferentes». También necesitará cintura política para negociar con otros departamentos gubernamentales materias que afectan directamente a la aplicación de esa misma Ley, como las palancas fiscales (que permitirán la desgravación de hasta un 18 por ciento a capitales ajenos al cine que inviertan en películas) o la conversión del ICAA en agencia estatal. Sin embargo, hay quien cree que la crisis gubernamental que precipitó Zapatero en Semana Santa beneficiará a sus objetivos, pues mientras Pedro Solbes era reacio a la desgravación fiscal y a la multiplicación de agencias, se espera mayor sensibilidad hacia el mundo de la cultura de la nueva vicepresidenta económica, Elena Salgado –que conoce más de cerca estos temas gracias a su paso por la dirección del Teatro Real–. Con estas medidas, la industria espera aliviar los preocupantes datos que propiciaron aquella reunión de Molina con los pesos pesados de nuestra cinematografía. Según el balance de 2008, las cintas «made in Spain» perdieron en España casi 1,5 millones de espectadores en las salas. Además, por primera vez, el Fondo de Protección a la Cinematografía, que agrupa las ayudas directas del Estado al sector, dotado con 85 millones de euros, superó la recaudación de las cintas nacionales en los cines, apenas 81 millones. La directora y guionista deberá asumir, además, las reivindicaciones de algunos productores, como Pedro Pérez y Andrés Vicente Gómez o, respecto al excesivo número de películas que se producen en nuestro país, que el año pasado alcanzó la cifra de 173. Precisamente, el segundo denunciaba unos días antes de la crisis de Gobierno a este diario que «el gran problema es que se hacen demasiadas películas de bajo coste» y subrayaba además que «esta política se apoya desde el ministerio». Para hacer más efectiva la lucha contra la piratería deberá sentarse a negociar también con los internautas, que ya piden su dimisión en la red. Estos no olvidan su discurso de los Goya, cuando era presidenta de la Academia, en el que arremetió contra el p2p. También la ministra deberá afrontar la nueva ley de internet, prevista para el primer semestre del próximo año. En estos momentos la Coalición de Creadores negocia con Redtel (que agrupa a los empresas telefónicas proveedoras de internet) un acuerdo en esta materia para presentar al Gobierno. «Piratas reincidentes»El pacto debía haberse alcanzado a finales del año pasado y si eso no ocurre, como ya pasó con el canon digital, deberán ser los ministerios de Industria y Cultura los que tomen una decisión. Entre otras materias, lo que dilucidan estas negociaciones es si los «piratas reincidentes» serán desconectados de la red, como proponía Sarkozy en Francia; o si simplemente se les bajará el ancho de banda para que tengan más dificultad en «bajarse» esos contenidos. España no solamente puede presumir de ser el primer país en descargas ilegales (unos 350 millones el año pasado sólo de largometrajes), sino que se ha constituido en una especie de paraíso de los «piratas» a gran escalas, pues según fuentes de la lucha antipiratería entre 70 y 80 webs que se lucran del visionado ilegal de películas tienen su base operativa en España. Las salas también reclaman la atención del Gobierno. Los cines, no solamente se enfrentan a una pérdida constantes de espectadores, sino que además se encuentran en pleno proceso de digitalización. Las salas esperan ayudas también para poder integrar la tecnología 3D en sus pantallas como alternativa a medio plazo contra la piratería.

En busca de un «iTunes» españolAdemás de verse las caras con los internautas, la tarea más ardua de la ministra en materia antipiratería es lograr una alternativa legal de comercialización de cine español en la red. Uno de los puntos más conflictivos de la negociación entre operadores de telefonía y creadores es la incapacidad de la industria cultural española para invertir dinero en la distribución legal en la red que les pueda proporcionar beneficios a largo plazo. El tejido industrial del cine español está formado por empresas sin apenas capitalización, es decir, a gran parte de ellas apenas les queda liquidez cuando han saldado todas las facturas de una película.