Comunidad de Madrid
Condenan al Ayuntamiento de Alcorcón por irregularidades urbanísticas
El juez declara nula la concesión de una licencia para un edificio de 34 casas
Nueva condena de la justicia madrileña por irregularidades urbanísticas. Y de nuevo contra un Ayuntamiento regido por el PSOE de Madrid. En este caso el condenado es el Consistorio de Alcorcón que dirige uno de los «pesos pesados» socialistas, Enrique Cascallana. El pasado cinco de febrero, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 21 dictó una sentencia en la que da la razón a la Comunidad de Madrid frente al Ayuntamiento de Alcorcón en un litigio iniciado tras la concesión a una promotora, por parte del Consistorio, de la licencia para construir un edificio en la localidad. Doble incumplimiento Esta licencia vulneraría la Ley del Suelo regional y el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de este municipio. Los servicios jurídicos del Gobierno regional interpusieron un recurso contra una concesión de licencia de obras que realizó el Ayuntamiento de Alcorcón el 11 de noviembre de 2005. El Consistorio que dirige Cascallana permitió a la sociedad Urbazo S. A. construir un edificio de 34 viviendas, con sus correspondientes garajes y trasteros, así como locales comerciales en un solar situado en el número 9 de la calle de la Iglesia, con vuelta a la Plaza del Tejar. La sentencia concluye que esta licencia municipal incumplía el Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón, así como la Ley del Suelo de 2001 de la Comunidad, ya que permitía a la constructora edificar hasta una altura superior a la legal, tras añadirse un ático que superaba el límite que permite la Ley del Suelo regional. Asimismo, el proyecto suponía una ocupación del cien por cien de la parcela, cuando el PGOU y una Ordenanza establecen que la ocupación máxima por la edificación principal sea del ochenta por ciento del total de la parcela licitada. Esta sentencia estima el recurso regional y declara nula la concesión de la licencia del Ayuntamiento, que no se ajusta al PGOU de Alcorcón de 1999 ni cumple la ordenación aplicable. La sentencia del juzgado contencioso-administrativo no es firme, por tanto admite que el Ayuntamiento de Alcorcón presente recurso de apelación para intentar dar legalidad a la construcción.
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