Del «papeles para todos» a las redadas generalizadas

El pasado mes de febrero, el conocimiento de que desde una comisaría madrileña se instaba a los agentes de Policía a cubrir unos cupos semanales de detención e identificación de inmigrantes ilegales encendió la polémica. Pocos días después, y ante las sospechas de que ésta fuera una práctica generalizada, el ministro Rubalcaba reaccionó de forma contundente y ordenó el fin de la «cacería». Sin embargo, poco parece que haya cambiado desde entonces. Lejos de ello, las redadas contra ilegales se habrían extendido a otros puntos de la geografía española como Alicante, Murcia, Sevilla, Almería o Asturias. Si hace unos meses, escandalizó que existiese la orden de centrar las detenciones sobre el colectivo marroquí, al ser los trámites de su repatriación más baratos que los de otras nacionalidades, lo que ahora más indigna a las asociaciones de inmigrantes es que los policías no tengan reparos en llevar a cabo las redadas en los domicilios de estas personas así como en los colegios a los que acuden a llevar a sus hijos. La puesta en práctica de estas desproporcionadas medidas contra los inmigrantes hace necesaria una explicación por parte de los responsables políticos del Gobierno, que cada vez parece más desbordado ante un fenómeno, el de la inmigración, al que hace pocos años quiso enfrentarse con la demagogia del «papeles para todos».