Los jueces vuelven a la calle y acentúan el cerco al Gobierno

madrid- El ministro Mariano Fernández Bermejo, verá nuevamente cómo los jueces y magistrados se echan a la calle para expresar de forma pública y notoria la situación algo más que deficiente en que se encuentra la Administración de Justicia. Será el próximo 18 de febrero cuando los miembros de la Carrera Judicial exterioricen su «sentimiento generalizado y unánime» de protesta por la situación que padecen y para hacer patente la necesidad de adoptar urgentes medidas que contribuyan a «dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos». Ese es el día para el que las juntas de Murcia y Extremadura realizaron un llamamiento a la huelga.

Pero ese acto de protesta puede dar paso directamente a una huelga para el próximo 26 de junio, si antes no hay respuestas satisfactorias a las reivindicaciones que las asociaciones judiciales trasladarán al CGPJ, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas con competencias en esta materia.

Éste fue el acuerdo adoptado ayer por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), que, en todo caso, deberá ser ratificado por sus respectivas ejecutivas antes del 6 de febrero. Si algunas de ellas decidiese no hacerlo, cada asociación actuará con plena libertad de decisión y actuación, y, de hecho, ya hay alguna, como el FJI, que ha adelantado que convocará huelga si no se mantiene una unidad de asociación, postura a la que también se podría sumar la AJFV, segunda en número de asociados.

De esta forma, las cuatro asociaciones mantendrán el mismo criterio ante las juntas de jueces que se celebrarán el próximo día 21, en la que uno de los puntos del orden del día que se abordará será, precisamente, el relativo a la convocatoria de huelga realizada por los magistrados murcianos y extremeños. De esta forma, se pretende, al menos momentáneamente, «desactivar» esa convocatoria y dar una oportunidad para evitar llegar a esa medida de presión extrema. Para ello, exigirán un calendario de negociación donde se fijen los compromisos concretos que deben adquirirse en fechas determinadas.

La reunión de las cuatro asociaciones no fue ni mucho menos una balsa de aceite. De hecho, tal y como reconocía a este periódico Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente, «no es un acuerdo que satisfaga a nadie, pero lo importante es que todos vayamos a una».

Así, desde un principio, la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia se posicionaron radicalmente en contra de secundar la convocatoria de huelga del 18 de febrero y apostaron por una tabla de reivindicaciones con un calendario concreto y cerrado. Por contra, el Foro Judicial Independiente se mostró a favor y Francisco de Vitoria mantuvo una postura menos definida, aunque sí veía motivos para secundar esa medida.

Finalmente, y tras el tira y afloja, fue precisamente la Asociación Judicial Francisco de Vitoria la que planteó la fórmula finalmente aceptada por todos: jornada de protesta y anuncio de huelga para junio si antes no hay una respuesta positiva a sus reivindicaciones por parte del Ministerio de Justicia, CGPJ y comunidades autónomas que tienen competencias en esa materia.

Finalmente, son siete las reivindicaciones planteadas por las asociaciones judiciales, que, en palabras de Lorenzo del Río, portavoz de la AJFV, «no son corporativistas, sino para mejorar el servicio público de Justicia, en servicio de los ciudadanos».

Reacciones

Entre las medidas planteadas figuran la necesidad de «asegurar una efectiva conciliación de la vida laboral y familiar», con la supresión del ascenso forzoso, arbitrar un sistema de sustituciones mediante jueces titulares y una «adecuación quinquenal» de sus retribuciones.

Las reacciones al acuerdo de las asociaciones no se hicieron esperar, y tanto PSOE como PP se mostraron en contra de la posibilidad de que los jueces protagonicen una histórica huelga. Así, El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, afirmó que según la Constitución, la huelga «no es posible y yo espero que los jueces cumplan con las leyes».

Por su parte, el portavoz en la Comisión de Justicia del PP, Federico Trillo, afirmó que esa medida de presión «no es el medio adecuado» para denunciar la «grave situación» que atraviesa la Administración judicial.