El CNI niega al tribunal todos sus informes del «caso Cougar»

madrid- Casi cuatro años después de que diecisiete militares españoles murieran al sur de la localidad afgana de Herat al caer el helicóptero Cougar en el que viajaban, la instrucción del caso sigue abierta. Y en medio de esta fase del juicio que se sigue por el accidente, el tribunal ha solicitado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los informes que durante la investigación del siniestro realizara en la zona. Pero se ha encontrado de bruces con un «no». El secretario de Estado director del Centro, Alberto Sáiz, ha denegado al tribunal militar que instruye el caso cualquier informe que se pudiera haber realizado sobre las circunstancias del accidente, los interrogatorios, las pesquisas que hicieran o incluso la reivindicación como ataque que al día siguiente de los hechos realizó el mulá Dadulá, supuesto líder talibán. Supuestamente el mensaje reivindicativo que emitieron varias cadenas de televisión británicas no se investigó porque tanto la OTAN como el Gobierno no lo consideraron creíble. En todo caso, de haber un informe sobre el mulá Dadulá, no verá la luz si el Consejo de Ministros no lo considera oportuno. Pero ni ese ni otro sobre seguridad en vuelo que respecto a los hechos de aquel funesto 16 de agosto de 2005 elaboraron tanto el CNI como las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (Famet) y que han solicitado los abogados. Ambas cuestiones están clasificadas como «secreto» casi cuatro años después del siniestro. El tribunal había pedido al Centro «cuantos informes, notas o documentos similares hayan sido elaborados por miembros del CNI o personal del mismo sobre la investigación de las causas, motivos y, en su caso, autores que pudieran haber tenido relación directa o indirecta» con los hechos que se instruyen. El director de los servicios de inteligencia responde con un «no» tajante amparándose en la ley reguladora del Centro y en la de Secretos Oficiales. Además, remite a quien es competente para desclasificar cualquier supuesto documento que estuviera en poder del CNI, el Consejo de Ministros. Así que ahora el juzgado deberá decidir si solicita a la ministra de Defensa que remita esos documentos, previa aprobación del Consejo. Del mismo modo, está pendiente de recurso la declaración del piloto y la tripulación del segundo helicóptero. El caso se ha reabierto después de que en un primer momento la instrucción no contara con abogados de las familias, algo que ahora sí ocurre puesto que Mariano Casado, secretario general de AUME, representa al padre del piloto fallecido.