Londres

El FMI augura que el déficit español se situará este año en el 61%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) predijo hoy que el déficit presupuestario de España equivaldrá este año al 6,1 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) y al 6 por ciento en 2010, cifras superiores a los pronósticos del Gobierno español. Esas cifras rebasan con creces el máximo del 3 por ciento establecido por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea (UE). El Gobierno español cree que el déficit alcanzará este año un 5,8 por ciento y un 4,8 por ciento en 2010. No obstante, el FMI ha sido más pesimista sobre las perspectivas de crecimiento de España y, en consecuencia, sobre el desempeño de las finanzas públicas. Su último cálculo, divulgado en enero, habla de una contracción del 1,7 por ciento del PIB en 2009 año y del 0,1 por ciento en 2010. El FMI ha alertado además de que revisará a la baja sus números en todo el mundo por el agravamiento de la crisis en los últimos meses. Las cifras del FMI sobre el déficit de España reflejan el cambio brusco que han sufrido las cuentas por la recesión y el coste del programa de estímulo económico del Gobierno. El año pasado el déficit español sumó un 3,8 por ciento del PIB, según las cifras oficiales, y el anterior hubo un superávit del 2,2 por ciento. El FMI divulgó sus nuevos cálculos en un informe encargado por el G-20 sobre la salud fiscal de los países que participarán en la cumbre del próximo 2 de abril en Londres. En ese informe pide una "estrategia clara"para la vuelta a la disciplina presupuestaria en los países desarrollados y alerta de que "dudas serias sobre la solvencia fiscal llevarían a un salto en las primas de riego, desestabilizarían las expectativas y sacudirían aún más la confianza del mercado". Para impedirlo, los gobiernos deben asegurarse de que los paquetes de estímulo no elevan el gasto de forma permanente y adoptan reformas estructurales que aumenten su potencial de crecimiento, según el FMI. Además, aconseja reformar sus sistemas de salud y de pensiones, para aminorar el coste que conlleva el envejecimiento de la población.