El Poder Judicial no avala el aborto

La honda fractura social que está causando la ley del aborto libre ha llegado a uno de los pilares básicos del Estado: el Poder Judicial. Ayer, el órgano de gobierno de los jueces rechazó avalar con su dictamen la reforma abortista del Gobierno de Zapatero, lo que supone un serio revés a la legitimación de la iniciativa socialista. Aunque el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sea vinculante, es inaudito que una ley de tanta relevancia legal y social como ésta no cuente con la luz verde de los jueces. Este rechazo se suma al acordado hace un mes justo por el Consejo Fiscal, que por mayoría absoluta no sólo denegó su visto bueno, sino que también denunció la inconstitucionalidad de varios artículos del proyecto porque no protegen adecuadamente la vida del no nacido. Que jueces y fiscales coincidan en rechazar la liberalización del aborto debería ser causa suficiente para que el Gobierno recapacitara sobre su propósito de llevarla adelante a toda costa. No es algo baladí que el tercer pilar del Estado rehúse informar una ley por primera vez en los treinta años de historia del CGPJ; es señal inequívoca de que se está ahondado en la división de la sociedad en dos mitades, sin posibilidad de consenso. En contra de lo que difunde la demagogia oficial, quienes se oponen a esta ley no son una minoría reaccionaria y cavernícola que quiere imponer sus prejuicios religiosos y morales al resto. Para los propagandistas del PSOE y su coro mediático, quienes rechazan el aborto libre son los hipócritas de la derecha que se esconden tras las sotanas de los obispos. Esta caricatura, profusamente divulgada, ha alcanzado incluso al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, al que se le imputa el «crimen» de profesar la fe católica; parece ser que los vocales judiciales de obediencia socialista son los únicos que militan en la religión verdadera. Lo cierto es que las parodias de los abortistas no resisten el más simple cotejo con la realidad y hasta destacados dirigentes de la izquierda moderada se oponen a una iniciativa que no figuraba en el programa electoral y que se ha rescatado del desván ideológico para contentar a los sectores más radicales. Medidas tan disparatadas como que niñas de 16 años puedan abortar sin permiso paterno sólo tienen por objeto aplacar las iras de la izquierda extrema ante la mala gestión del Gobierno en asuntos claves como la crisis, aparte de garantizarse el apoyo parlamentario de comunistas e independentistas catalanes. A este respecto, ha sorprendido la incorporación del PNV al bloque abortista, puesta de relieve por la vocal nacionalista del CGPJ, Margarita Uría, y refrendada por Iñigo Urkullu. En contra de la línea que ha mantenido hasta ahora, la dirección peneuvista no dará libertad de voto a sus diputados en Madrid y obligará a votar a favor del aborto libre, lo que insuflará algo de oxígeno al agobiado grupo socialista. Seguramente no pasará desapercibido para la parroquia nacionalista el cambio cualitativo que ha dado la dirección del PNV con respecto al aborto. Conviene tener presente que en el partido de Sabino Arana hay veteranos dirigentes contrarios al aborto que gozan de gran influencia, como Xavier Arzalluz, un ex sacerdote que supo mantener a su lado a parte de la jerarquía de la Iglesia vasca. No parece que el giro radical de Urkullu satisfaga al obispo de San Sebastián, monseñor Uriarte, ni al clero que tradicionalmente se identifica con los postulados del nacionalismo; todos ellos se enfrentan ahora al reto de explicar a sus feligreses esta contradicción insoluble.