El suelo de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en concepto de deuda histórica

Con un contencioso administrativo abierto aún contra el PGOU a tenor de las plusvalías de los terrenos y el difuso compromiso de iniciar la construcción de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en la zona en 2010, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, confirmó ayer lo que un día antes la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, planteó como una «opción justificada y existente»: la posibilidad de que la Administración autonómica acepte la parcela de Los Gordales como parte del pago de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto, conocida como deuda histórica.
Griñán reiteró la pretensión de la Junta y del Ayuntamiento de materializar el proyecto en la parcela, un enclave «adecuado por su accesibilidad y su proximidad al metro». «Ahí hay un solar que es propiedad del Gobierno, pues en vez de comprarlo, podemos obtener ese recurso sin pagar dinero porque se nos debe una cantidad a cuenta de la Disposición Adicional Segunda», agregó, al tiempo que subrayó que éste es un «ejemplo claro» de cómo en un momento determinado «si tenemos que comprar ese solar para la Ciudad de la Justicia y construir viviendas públicas y tenemos que hacer un desembolso, éste se puede compensar perfectamente en parte con aquello que nos tiene que abonar el Estado».
En concreto, según el acuerdo que alcanzaron ambas partes en marzo, el Gobierno deberá pagar a la Junta 1.204 millones de euros a cuenta de la deuda histórica, una cifra que deberá abonarse antes de finales de marzo del próximo año. Los terrenos de Los Gordales se convertirían así en moneda de cambio, a pesar de que el litigio que mantiene la Dirección General de Patrimonio del Estado contra el Ayuntamiento continúa abierto. En enero, la Gerencia de Urbanismo aprobó inicialmente el plan del sector donde se hace un primer reparto de suelo, un documento que no especifica claramente la edificabilidad de las construcciones, precisamente a causa de esa indefinición judicial. La posibilidad de recibir el pago de la deuda histórica en especies ha sido barajada tanto institucionalmente como en el ámbito orgánico del PSOE. El ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció el año pasado su intención de destinar la primera liquidación del pago a la construcción de viviendas protegidas y no descartó incluso la opción de aceptar suelo de titularidad estatal. Sin embargo, el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, dudó ayer de esta alternativa, de la que dijo que «no es una decisión firme», por lo que «está abierta a la reflexión». «Tan sólo es una fórmula más de las muchas que se plantean actualmente», aunque matizó que la comunidad «necesita espacio público para la construcción de viviendas» y el Estado «tiene solares muy importantes».

El PP ve «prevaricación»
El presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró ayer que puede ser «prevaricación» que el Gobierno pague a Andalucía con «solares» la deuda histórica. Arenas consideró que es una decisión «absolutamente injusta» y añadió que el Estado «es muy consciente de que la toma». A su juicio, tras conseguirse una cuantificación «bastante ridícula», el Gobierno «quiere ahora saldar este pago que tiene su origen en deficiencias en los servicios educativos, sanitarios y de viviendas», por lo que instó a pagar «en dinero contante y sonante». Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza Oña, aseguró ayer que el Gobierno central «no tendría pantalones» de plantear a Cataluña la liquidación en especie de la «deuda histórica». Hay que aclarar que el Estatuto catalán no contiene este precepto.