España no desconectará a los «piratas»

A mediados de abril se defenestró la posibilidad de acuerdo entre los operadores de internet y los creadores para poner en marcha medidas disuasorias contra la piratería en internet. Unos y otros mandaron por separado sus conclusiones al Gobierno; sin embargo el día 28 los creadores rectificaron y enviaron otro documento al Ejecutivo en la que prescindían de su propuesta más polémica: privar de conexión a internet durante seis meses a los «piratas» recalcitrantes. Aun así las conversaciones no se han retomado y los operadores dicen que sólo volverán a la mesa cuando el Gobierno delimite las reglas y con los representantes de los usuarios incluidos.
La Coalición de Creadores, por su parte, advierte que si seis meses o un año después de que se ponga en marcha la medida no desciende el nivel de «piratería» volverán a pedir esta medida coercitiva. El líder del PP, Mariano Rajoy, anunció hace unos días que recurriría al Constitucional de aprobarse la desconexión, la medida que Nicolas Sarkozy ha impulsado en Francia, no sin polémica. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde ha dejado entrever que no se aprobará y desde Lisboa respondió: «No sé a qué se ha referido Rajoy, pero para los ciudadanos no va a haber absolutamente ninguna restricción».

IVA reducido
Las propuestas de ambas partes, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, difieren en la desconexión, aunque coinciden, con matices, en otros puntos: poner en marcha una campaña educativa para los usuarios de internet, la creación de un sello distintivo para la webs con oferta legal, la aplicación de un tipo de IVA reducido a la distribución de contenidos en línea y el diseño de un portal interactivo para la promoción de contenidos digitales en España. También en la distinción de usuarios en concentradores (piratería profesional, unas 70 webs), primeros difusores (grupos organizados, unos 4.500, que difunden de forma reiterada contenidos protegidos), usuarios masivos (unos 60.000, que de manera individual difunden estas obras) y usuarios comunes.
El informe de los creadores es exhaustivo en las medidas «coercitivas» que denominan «sistema de restablecimiento de la legalidad». Proponen que el Gobierno cree una «Comisión», «formada por personalidades de reconocido prestigio y a propuesta de los ministerios de Industria y Cultura», que se dirigiría de distinta forma a los distintos tipos de usuarios infractores. Así, disponen que se emita contra los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos que vulneran la legalidad una «notificación única», y si en un mes no cesa esta actividad, la Comisión podría optar por «la interrupción definitiva del servicio de alojamiento o almacenamiento». En el caso de los usuarios de redes p2p para intercambiar «contenidos ilícitos, está previsto una primera notificación, de no cesar, al mes,otra; y una definitiva al siguiente mes que sería «la limitación técnica de los servicios utilizados por un plazo máximo de seis meses, es decir, limitar el ancho de banda, lo que impide la descarga de filmes, pero no la de música.
Redtel, por su parte, no admite «la suspensión o limitación del acceso» a la red. Pero también propone otras medidas como que las entidades de gestión reduzcan sus tarifas en la distribución «online» de sus contenidos, así como reducir a seis meses la ventana desde que un filme se estrena hasta que pueda ser difundido en la red.