Golpe judicial a los satélites de ETA

madrid- El juicio a los 52 acusados de integrar el supuesto andamiaje de ETA concluyó el pasado 14 de marzo tras 16 meses de proceso, sin duda uno de los más largos y accidentados en la historia de la Audiencia Nacional. La izquierda abertzale y la propia banda terrorista intentaron desde un primer momento impedir su celebración colgándole el sambenito de «juicio político». Era mucho lo que estaba en juego. Sobre todo, demostrar si las organizaciones bajo sospecha (relacionadas con los frentes político, social, mediático e internacional de ETA) eran, como mantenía el juez Garzón, «el estómago, el corazón y la cabeza» de la banda terrorista.

El tribunal que juzgó a los 52 acusados –presidido por la magistrada Ángela Murillo– ha encontrado pruebas suficientes para condenar como dirigentes de ETA a catorce de ellos, a otros 17 por su pertenencia a la organización terrorista y a trece más por colaborar con la banda. En total, más de 500 años de cárcel y una constatación que condicionará procesos todavía pendientes (Udalbiltza, Egunkaria, Batasuna y Gestoras Pro-Amnistía): el supuesto entorno de ETA había sido absorbido por la propia banda terrorista.

La instrucción judicial llevó ante la Justicia a supuestos integrantes de EKIN, el aparato político de ETA que sustituyó a la desaparecida KAS; el diario abertzale «Egin» (clausurado por orden de Garzón en 1998); la estructura internacional XAKI y la Fundación Joxemi Zumalabe, responsable, entre otros proyectos, de la campaña de desobediencia civil impulsada a través del DNI vasco.

Venta de bacalao o turismo

KAS urdió, según la Fiscalía, un proyecto de financiación para facilitar fondos a la banda (que se servía de empresas legales con fines tan dispares como la venta de bacalao, el turismo en Cuba o la publicación de periódicos abertzales) y sostener económicamente a los miembros «liberados» (en la nómina figuraban algunos de los ahora condenados).

La Fiscalía acusa a EKIN de aplicar la estrategia político-militar de la banda, poner en práctica «métodos de coacción y violencia» complementarios a los de los terroristas y de controlar el colectivo de presos a través de Gestoras Pro-Amnistía. En cuanto a los responsables de la Fundación Joxemi Zumalabe, mantiene que «se encargaron del desarrollo de la propuesta de desobediencia de ETA», entre cuyas propuestas destacaba la de sustituir el documento nacional de identidad por el DNI vasco. XAKI, por su parte, se dedicaba a buscar lugares seguros a los militantes de la banda, a difundir en el extranjero el ideario de la organización, a controlar a los «refugiados» y a «deslegitimar internacionalmente el ordenamiento jurídico español».

Entre los condenados como jefes de ETA se encuentran, entre otros, el abogado de etarras Txema Matanzas, el dirigente de EKIN Xabier Alegria y la responsable de comunicación de XAKI Elena Beloki.