Ibarretxe no logra que le juzguen y pide cuentas al tribunal

Bilbao- La suerte aún no está echada. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió ayer archivar la causa por las reuniones que el lendakari Ibarretxe y los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares mantuvieron con dirigentes de la ilegalizada Batasuna durante la tregua de ETA de 2006 al considerar que la acusación popular, sustentada en este caso por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, no es suficiente para seguir adelante con la causa.
Pero el proceso tendrá una segunda parte. El Foro Ermua y Dignidad y Justicia anunciaron que recurrirán la decisión del TSJPV ante el Supremo, al entender que es contraria a la doctrina establecida recientemente por el Alto Tribunal en la sentencia del llamado «caso Atutxa». Según explicó el abogado del Foro Ermua, Fernando García Capello, aquel fallo, que condenó al ex presidente de la Cámara vasca por desobedecer el mandato judicial de disolver al grupo parlamentario de Socialista Abertzaleak, legitimó la acción de la acusación popular, que entonces ejerció Manos Limpias, cuando se dañan intereses colectivos y «no hay un perjudicado particular».
El sobreseimiento de la causa que volvió a sentar ayer por segundo día en el banquillo de los acusados a Ibarretxe, López, Ares y a cinco dirigentes de la izquierda abertzale –entre ellos Arnaldo Otegi– fue dado a conocer por el presidente del tribunal que los juzgaba, Manuel Díaz de Rábago. El magistrado, que en su día aplaudió el Plan Ibarretxe y apostó por la «euskaldunización» del personal de la judicatura vasca, anunció su propio voto particular al estimar que en este caso concreto la acusación particular sí está legitimada para ejercer la acción penal. Así, fueron los otros dos jueces que conformaban el tribunal, José Antonio Subinas –propuesto por el PNV en la terna que presentó el Parlamento vasco al CGPJ– y Juan Carlos Benito-Butrón, quienes decidieron archivar la causa, como solicitaron en la primera vista oral celebrada el 8 de enero el Ministerio Fiscal junto a la defensa de los socialistas y de los representantes de la izquierda abertzale. Y es que, en un cambio de estrategia, la defensa de Ibarretxe pidió continuar con el juicio con el objetivo de demostrar que su actuación se ajustaba a la legalidad y que «frente al diálogo no hay proceso penal».
Por distinto motivo, para lograr una sentencia condenatoria, el Foro Ermua y Dignidad y Justicia también solicitaron que el juicio prosiguiera. Para el presidente de esta última asociación, Daniel Portero, el TSJPV, con su decisión, «ha legitimado el diálogo con los terroristas». A la salida de la vista expresó su confianza en que en un año y medio o dos años se vuelva a celebrar el juicio en el TS. Una posibilidad que contempló el lendakari, pero para que el Alto Tribunal atienda «al fondo del problema y no vuelva a criminalizar el diálogo político».
Ibarretxe compareció en Vitoria acompañado por todo su gabinete tras celebrar un consejo extraordinario para valorar la decisión del Tribunal Superior de Justicia vasco. Pese a que mostró su satisfacción porque «se ha puesto fin a un sinsentido jurídico y político» cargó contra el presidente del tribunal vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, y le exigió «responsabilidades ante la crisis abierta y pendiente que ha generado».
El lendakari, que no admitió preguntas de los periodistas, expresó su deseo de que el archivo de la causa «no sea un paréntesis interesado para retomar el juicio en un momento en el que políticamente interese más».
Por su parte, el líder del PSE, Patxi López, a la salida del Palacio de Justicia de Bilbao trasladó dos mensajes. Al Partido Popular le sugirió que «deje» su estrategia y actúe sin «enfangarnos a todos». Y a Ibarretxe, ya desde su blog, que «pase página» y «no pida a los jueces que se posicionen sobre el diálogo político».
Dos doctrinas enfrentadas
En los próximos días, el TSJPV elaborará un auto con todas las conclusiones y será entonces cuando el Foro Ermua y Dignidad y Justicia recurran ante el TS. Sobre la mesa, dos doctrinas. La del «caso Atutxa», que concluyó con una condena del TS al ex presidente del Parlamento vasco tras haber sido absuelto por el TSJPV y la del «caso Botín», gracias a la cual se archivó la causa por las cesiones de crédito contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y que estableció que no se puede abrir juicio oral si es sólo la acusación popular quien lo pide. Aunque haya sido esta última la que ha aplicado el TSJPV en el bautizado «caso Ibarretxe», podría ser la que afectó a su compañero de partido por la que se decante el Supremo.