Instrucción sin garantías

Cuando un juez instructor actúa como lo suele hacer Garzón, se constata que, en España, durante la instrucción penal, no existen mecanismos que garanticen eficazmente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como digo, no es la primera vez (y, por desgracia, no será la última), en que nuestro afamado juez utiliza estrategias similares a la actual. Creo urgente reformar nuestra legislación procesal para evitar que pueda producirse una difamación continua, a través de la violación del secreto de sumario, mediante la filtración (desde el propio juzgado del que es titular Garzón: ¿dónde está el CGPJ para exigirle responsabilidades?) a determinados medios de comunicación de las decisiones que se adoptan, especialmente si su contenido es escandaloso.La indefensión de los supuestamente investigados es absoluta, porque ni siquiera reciben notificaciones oficiales, sino a través de la prensa. Casos como el de Telecinco, que tras muchos años pudo comprobarse que se trataba de una invención del juez, ponen de relieve que podemos estar ante un supuesto similar. Es urgente remediarlo, para que el Estado de Derecho sea una realidad en España y los ciudadanos tengamos instrumentos eficaces para garantizar nuestros derechos, exigiendo y depurando las responsabilidades oportunas de quienes ejercen sus tareas sin un mínimo respeto a las normas jurídicas y al sentido común. No se trata solamente del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de nuestra Constitución, sino el de la «tutela judicial» frente a las actuaciones judiciales irresponsables (los jueces, como integrantes del Poder Judicial, son responsables de sus actuaciones, como todos los poderes públicos) y lesivas de otros derechos como el del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, protegidos en el art. 18 de nuestra Carta Magna.*Profesor Titular de Derecho Constitucional de la UNED.