La agresión a una doctora se juzgará por primera vez como atentado a la autoridad

La Fiscalía pide dos años de prisión para una mujer que insultó y lanzó un archivador a una doctora del Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), en el primer caso de agresión a un médico de la sanidad pública que será juzgado en Cataluña como atentado a la autoridad. En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal acusa a la presunta agresora de un delito de atentado a la autoridad, por el que le pide año y medio de cárcel, y de otro de lesiones por imprudencia grave que le acarrearían otros cuatro meses de prisión. La presunta agresión ocurrió el pasado mes de mayo contra una doctora del ICAM de Vallcarca, a quien la acusada, Silvia B., esposa de un paciente, se dirigió para reprocharle que hubiera dado de alta a su marido. Según mantiene la fiscalía en su escrito de acusación, la imputada insultó a la doctora, Margarita A., diciéndole frases como "oye, guarra, ¿por qué le has dado el alta?"y "pues denúnciame, puta", tras lo que le arrojó unos archivadores de plástico. Al intentar evitar el impacto de los archivadores, la doctora realizó un gesto, de manera que acabó golpeándose la mano derecha con la mesa de la consulta y, a consecuencia de ello, sufrió contusiones en el codo, la muñeca y un dedo, prosigue la calificación fiscal. Además de las lesiones en la mano, que le han dejado como secuelas molestias ocasionales en el dedo, la médica sufrió una crisis de ansiedad a raíz de la agresión y tardó un mes en recuperarse. La supuesta agresión fue tramitada en un principio como falta, por lo que se habría saldado con una pena de multa para la presunta autora, pero la Generalitat, que ejerce la acusación particular en la causa, pidió que el juzgado le abriera diligencias por un delito de atentado a la autoridad. Según han informado a Efe fuentes judiciales, a esa petición se adhirió el ministerio público, que en su escrito de acusación reclama además que la imputada subvencione a la doctora con 1.500 euros por las lesiones que le provocó y con otros 2.000 por las secuelas derivadas del ataque. De esta manera, el caso, que llegará a juicio en los próximos meses, será el primero en que un ataque a un facultativo de la sanidad pública sea juzgado como atentado a funcionario, de acuerdo con la instrucción dictada en noviembre del 2006 por el entonces fiscal jefe de Cataluña, José María Mena. La instrucción que Mena remitió a sus fiscales, para que dejaran de tramitar esas agresiones como simple falta, propició que, en un caso también sin precedentes, los padres de un alumno de una escuela de Barcelona que pegaron y amenazaron a dos profesores y un conserje en octubre de 2006 fueran condenados a penas de prisión por atentado a la autoridad. La Generalitat, que también pide dos años de cárcel para la presunta autora del atentado a la doctora, representa en los tribunales a otros médicos de la sanidad pública víctimas de agresiones, la mayoría de ellos del ICAM, donde es habitual que los facultativos sean objeto de la ira de los pacientes por ser los encargados de revisar las bajas laborales. Otros casos de agresiones a doctores del ICAM están siendo tramitados judicialmente como atentado a la autoridad, delito que comporta penas de entre uno y tres años de cárcel, pero el de Margarita A. es el primero que ya está calificado por las partes y a la espera de que se señale el juicio.