La APM inicia los trámites para la huelga de octubre

MADRID-La Asociación Profesional de la Magistratura ha puesto en marcha su maquinaria de cara a una posible huelga de jueces el 8 de octubre. Quiere llegar a esa fecha con todo amarrado y sin ningún cabo suelto. Ésta fue la decisión más importante que adoptó su Ejecutivo en la última reunión que celebró en Madrid el pasado miércoles, en la que se designaron a los miembros encargados de realizar los trámites legales de cara a esa posible convocatoria de paro, desde la constitución, en su día, del comité de huelga hasta las comunicaciones pertinentes. Y es que, para la APM, según explicó su portavoz, Antonio García, a LA RAZÓN, «empezamos a caminar, porque a día de hoy existen motivos más que suficientes para realizar la huelga». En septiembre informarán de todos los trámites a sus asociados y al resto de la Carrera Judicial, «y si no se mueve el Ministerio...».En este sentido, desde la asociación mayoritaria de jueces se entiende que la esperanza que supuso la llegada de Francisco Caamaño ha dado paso a la frustración, a tenor de los resultados logrados tras las reuniones mantenidas con las asociaciones judiciales». La verdad es que al final sólo ha habido un "buen rollito", pero nada más». Por ello, señala Antonio García, «hay que darles un toque, porque parece que si no se hace no se mueven y va a ser más de lo mismo, y eso no puede ser».Sólo reuniones, y palabrasEn esta línea, el portavoz de la APM sostiene que después de todas las reuniones con Justicia «no hemos avanzado casi nada». Así, especifica tres puntos considerados esenciales en los que, para su asociación, los hechos brillan por su ausencia.En primer, el relativo a determinar la carga de trabajo razonable que debe asumir un juez, el cual incide en otro aspecto «esencial» como es la responsabilidad de los magistrados. En segundo lugar, en cuantificar el número de unidades judiciales que se necesitan realmente y determinar la Planta Judicial, «previo análisis que se debe realizar».Y, en tercer lugar, lo relativo a las retribuciones, «donde no se ha dado ni un solo paso». Aquí, Antonio García señala tres aspectos concretos en los que no se ha registrado ningún avance: «No hay un modelo retributivo definido», la mejora de las condiciones de la jubilación de los jueces y magistrados y lo relativo al pago de las guardias, donde «los jueces cobran menos que los funcionarios del juzgado».Al final, concluye al respecto Antonio García, «se ha hablado mucho, pero no hay resultados ni mejoras», y «más allá del anuncio inversor de los 600 millones, que sí que es importante, no hay nada de nada. Ha habido reuniones, palabras y papeles, pero medidas concretas de mejora de la situación de los jueces y de la Administración de Justicia, nada de nada, y eso es lo que explica el malestar de los jueces». Así, por ejemplo, explica cómo todavía «no está operativo» el anunciado registro de medidas cautelares o no existe todavía una «interconexión en red entre los juzgados».Por ello, el mensaje de la APM es claro: o se produce un cambio radical por parte del Ministerio de Justicia o convocarán huelga el 8 de octubre.