Estrasburgo

La Eurocámara rechaza que los Gobiernos corten el acceso a Internet para imponer sanciones

El pleno de la Eurocámara aprobó hoy un informe sobre el refuerzo de la seguridad y la protección de las libertades fundamentales en internet en el que se rechaza que los Gobiernos corten el acceso a internet como una forma de imponer sanciones. El informe (aprobado por 481 votos a favor, 25 en contra y 21 abstenciones) afirma que "los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a la denegación de dicho acceso como medio para imponer sanciones", como se ha propuesto en algunos países de la Unión como Francia. El motivo que da el Parlamento es que "el analfabetismo electrónico será el nuevo analfabetismo del siglo XXI y que, por lo tanto, asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a internet significa garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a la escolarización". El texto también aborda la protección de los derechos de propiedad intelectual en internet. En este sentido, solicita a los Estados miembros que procedan a la adopción de la directiva sobre medidas penales respecto a la violación de este tipo de derechos. Sin embargo, para lograr ese objetivo, deben prohibirse "el control y la vigilancia sistemática"de los usuarios. El Parlamento pide "respetar asimismo la libertad de expresión y de asociación de los usuarios individuales y luchar contra la incitación a la 'ciberviolación' de los derechos de propiedad intelectual, incluidas algunas restricciones excesivas de acceso impuestas por los propios titulares de la propiedad intelectual".

ROBO DE IDENTIDAD El informe insta además a los Estados a que actualicen su legislación sobre protección de menores que utilizan internet, especialmente en lo relativo al delito de captación de menores en línea con fines sexuales ('grooming'). El Parlamento señala que "la 'identidad digital' se está convirtiendo en parte integrante de nuestro 'yo' y, por lo tanto, merece protección adecuada y eficaz contra las intrusiones de agentes privados o públicos". Por ello, considera que todos los datos que estén "orgánicamente vinculados"a esa identidad deben "definirse y protegerse"y reclama que se garantice que los Estados miembros "que interceptan y controlan el tráfico de datos, tanto el creado por sus propios ciudadanos como el tráfico de datos desde el exterior, lo hagan en las condiciones y con las garantías estrictas previstas por la ley". Asimismo, reclama a la UE que establezca una "estrategia global" para luchar contra la ciberdelincuencia, especialmente en lo relativo a la usurpación de la identidad de los internautas, y pide que se adopten medidas como la implantación de una ventanilla de ayuda para las víctimas de estas suplantaciones de identidad, que se lancen campañas de sensibilización y prevención al respecto, o que se garantice un uso seguro y libre de internet para todos.