La Justicia es cosa de todos

Vivimos en una sociedad que, cada vez con mayor intensidad, exige la prestación de servicios públicos modernos y de calidad. Pese a ello, nuestro sistema judicial está envejecido, superado por las circunstancias y las nuevas necesidades. Hoy más que nunca necesitamos que todas las instituciones y personas que tienen algo que decir sobre la Justicia redoblen esfuerzos, aúnen voluntades y colaboren estrechamente para llevar a cabo el tan ansiado, como necesario, proceso renovador de la Administración de Justicia. Nuestro sistema judicial debe modernizarse mediante la aplicación de novedosos métodos de trabajo, especialmente en torno a la implantación de la nueva oficina judicial, la utilización de las tecnologías de la comunicación y de la información (e-justicia) y la profundización en una cultura de prestación de un servicio de calidad al ciudadano, sobre todo a partir de los contenidos de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.En los últimos días han tenido lugar varios acontecimientos que nos permiten mirar con ilusión hacia el futuro. De esta manera, no podemos sino recibir con esperanza el anuncio de que los distintos grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados aprobaron el pasado 19 de mayo, con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación, una serie de resoluciones que vienen a demostrar que, cuando hay voluntad, se puede trabajar mucho y bien a favor de la Justicia. Así, se aboga por promover un gran acuerdo que permita alcanzar una Administración de Justicia eficiente al servicio de los ciudadanos, basado en un amplio consenso entre el Gobierno, las comunidades autónomas, el CGPJ y todo el conjunto de operadores jurídicos y de la sociedad civil. También se contemplan medidas de carácter organizativo, presupuestario y legislativo, que hagan de nuestra Justicia un servicio público, ágil, accesible y moderno.Entre ellas destacan la aprobación de las reformas procesales necesarias que permitan la implantación de la nueva Oficina Judicial, la modificación de la legislación penal en materia de cumplimiento efectivo de las penas y el refuerzo de la libertad y seguridad de los ciudadanos, y la incorporación de forma plena de las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia. Además, el Congreso acuerda instar al Gobierno para que promueva con urgencia la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de limitar y clarificar el alcance del principio de jurisdicción universal penal, para que comprometa 600 millones de euros destinados a la modernización tecnológica de la Justicia y la inmediata puesta en marcha de la Oficina Judicial, y para que logre un acuerdo con las asociaciones judiciales que asuma gran parte de sus reivindicaciones profesionales. Pero no son éstas las únicas pruebas de que algo está cambiando en la actitud de nuestros gobernantes ante los acuciantes problemas de la Justicia. Precisamente el pasado lunes asistimos con satisfacción a la primera visita que los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso efectuaban a la sede del CGPJ, con objeto de conocer de cerca los trabajos que está llevando a cabo este órgano constitucional para mejorar la Justicia. Ello, sin duda, es muestra evidente del clima de transparencia y normalidad institucional que el Consejo quiere imprimir a lo largo de este mandato. Los representantes de ambas instituciones han valorado en común los problemas que afectan a nuestra Justicia y sus posibles soluciones: se ha tratado sobre la nueva Oficina Judicial, creación de juzgados, métodos alternativos a la resolución de conflictos y elaboración de las reformas procesales necesarias. También ha sido relevante la reunión de la Comisión de Seguimiento de los Decanos de España, que tuvo lugar en Madrid los días 20 y 21 de mayo, y en la que participaron los Jueces Decanos de trece grandes ciudades españolas, junto con representantes del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia. Hay que destacar asimismo que los decanos trabajaron intensamente en la preparación de una serie de propuestas para reducir el número de asuntos que se someten al conocimiento de los órganos judiciales de nuestro país, de tal manera que se puedan optimizar los recursos disponibles en la Administración de Justicia, destacando la potenciación de la mediación, la racionalización de los recursos ante el tribunal de apelación, la despenalización de determinadas faltas, la extensión de las tasas judiciales introduciendo mecanismos para que los ingresos generados sean destinados a la financiación de la Administración de Justicia, así como el replanteamiento de los criterios de la condena en costas en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social.Con todas estas iniciativas puestas en marcha, cuanto menos, podemos sentirnos razonablemente optimistas de cara al futuro. Dejando a un lado discrepancias y aunando voluntades, parece que todos vamos en el mismo barco y que, por fin, asumimos que «la Justicia es cosa de todos».

* Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)