La Ley del trágala

Uno de los problemas de Zapatero y sus gobiernos ha sido el de poner en marcha iniciativas sobre asuntos clave sin consensuarlas. Lo vimos la pasada legislatura con la memoria histórica, el Estatuto de Cataluña y la negociación con Eta, y lo padecemos ahora con el aborto, Gibraltar o el pacto social, entre otros asuntos. No se trata, como es lógico, de que un gobierno no pueda hacer «su» política en determinadas cuestiones comprometidas por su programa electoral. Zapatero decidió retirar las tropas de Irak porque así lo anunció en campaña, y casi todo el mundo entendió la medida. Pero es más dudoso que se pretenda legislar a golpe de imposición en materias sensibles sobre las que tradicionalmente suele haber acuerdo entre Gobierno y oposición.El caso de Gibraltar es un ejemplo. Ha sido desde siempre un asunto de Estado y, como tal, parece razonable que los dos principales partidos vayan unidos de cara a lograr lo que se supone ambos pretenden: recuperar la soberanía sobre la Roca. No ha ocurrido así en este caso. Se ha tomado una decisión unilateral e insólita en trescientos años, y se intenta zanjar el tema con la explicación de que Moratinos ya informó al PP y a los demás partidos en el seno de una comisión. Eso, con todos los respetos, no es normal. Una visita como la que se hizo bien merecía que previamente la hubieran consensuado Rajoy y Zapatero, al margen de que luego se informe de ella a los grupos minoritarios. Pero la política del Ejecutivo viene siendo la de los hechos consumados. Primero se actúa y luego se pide a los demás apoyo incondicional, con el agravante de que si no se está con el Gobierno entonces se tilda al oponente de extremo o antipatriota.Igual en el aborto. Es asunto tan sensible y delicado que a ningún ministro en su sano juicio se le debería ocurrir tomar una decisión al respecto sin lograr un amplio consenso. Y el consenso ha de ser con el partido de la oposición que representa a mayor número de ciudadanos, no con aquellos que tienen menos votos, como es el caso de IU o ERC. Al final la consecuencia lógica es que los temas se bloquean y se generan grandes polémicas. Quien no está de acuerdo lo acaba manifestando de una u otra manera, incluso si se es presidente del Consejo del Poder Judicial como Carlos Dívar, pues está claro que los temas de conciencia prevalecen sobre los compromisos profesionales. Es igual. El Gobierno sigue adelante pese a todo con su proyecto sectario, aún no contando con el informe preceptivo del CGPJ, un hecho ciertamente incomprensible y sin precedentes.En el diálogo social se actúa otra vez de la misma manera. Los empresarios tienen que aceptar como sea la imposición de Corbacho y Zapatero, y si no lo hacen se les carga con el peso de la responsabilidad de no tener acuerdo e, incluso, de que avancen el paro y la crisis.Al final llega uno a la pensar que el problema es que este Gobierno no tiene solución. Sigue erre que erre con sus formas en apariencia exquisitas, pero perversas en el fondo. Dos no se pelean cuando uno no quiere. Pero tampoco llegan a acuerdos si hay quien los detesta y lo único que busca es imponer su ley o sus ideas a los demás en forma de trágala.