La mayoría cree que la libertad de expresión ampara al Pontífice

MADRID- Bastante claro lo tienen los ciudadanos españoles a la hora de valorar las declaraciones del Papa Benedicto XVI en África sobre el uso del preservativo: entran dentro del ámbito de la libertad de expresión. Así lo consideran casi tres de cada cuatro ciudadanos –un 72,2 por ciento–, según se desprende de la encuesta de NC Report para LA RAZÓN. Y son menos, apenas un 24,4 por ciento –uno de cada cuatro– los que piensan que sus palabras merecen un juicio político. Y es que, con estos datos sobre la mesa, queda claro que los ciudadanos no aprueban la propuesta de reprobación al Santo Padre y consideran que cada uno tiene derecho a opinar libremente. Es más, la mayoría, un 63,2 por ciento, afirma que las competencias para aprobar o condenar las palabras de Benedicto XVI deberían ser exclusivas de la Iglesia y los creyentes, frente a uno de cada cuatro encuestados que cree que deberían ser las Cortes españolas las que decidiesen sobre ellas.Los ciudadanos consideran que no hay que sacar de contexto las afirmaciones del Papa, y queda reflejado en todas las franjas de edad. Quienes más defienden la libertad de expresión son los encuestados mayores de 65 años (77,6 por ciento), seguidos muy de cerca de los de entre 45 y 64 (74,6 por ciento). Por el contrario, entre los pocos que creen que las declaraciones merecen ser sometidas a un juicio político, quienes más lo defienden son los jóvenes de 18 a 29 años (un 31,2 por ciento). Pero, además, las respuestas no sólo se asemejan entre los diferentes grupos de edad, sino que también son muy similares entre los votantes del PP y del PSOE. Ocho de cada diez electores populares afirman que las palabras del Pontífice están amparadas por la libertad de expresión, cifra que se sitúa en casi siete de cada diez en el caso de los votantes socialistas. De estos últimos, un 31,9 por ciento si que piensa que deberían someterse a un juicio político sus frases obre los preservativos.Los resultados entre votantes de los principales partidos políticos difieren algo más -aunque no demasiado- si se pregunta sobre las competencias para juzgar las opiniones del Papa. De los populares, un 72,4 por ciento da por hecho que la Iglesia es la responsable única de valorárlas, frente a un 59,6 por ciento de los socialistas. En el caso de otorgar la competencia a las Cortes, esta idea la aprueba un 19,2 por ciento de votantes del PP y uno de cada tres electores del PSOE.Mientras, si se valoran los datos del sondeo por edades, la situación vuelve a ser muy parecida. Son los mayores de 65 años los que más piensan que la Iglesia y sus fieles son los únicos que podrían reprobar al Papa, mientras que los jóvenes de 18 a 29 años -uno de cada tres- son los que más claro tienen que las Cortes deben asumir esa competencia de aprobar o condenar los discursos del Papa.Esta teoría puede ser el origen del problema y responsabiliza directamente a las autoridades educativas de cada estado miembro. En España, el Ministerio de Educación no ha hecho los deberes porque, según el estudio de NC Report, más de la mitad de los encuestados afirmaron que no están bien informados de lo que significa la reforma.Ésta puede ser una de las razones las elevadas tasas de abandono universitario que se registran en España. Entre el 30 y el 50 por ciento de los jóvenes que empiezan sus estudios no los termina, y los que lo hacen tardan una media de 6,3 años en obtener la titulación. Según el estudio CYD 2008 sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo, este fracaso escolar puede vincularse directamente a las protestas de los colectivos de profesores y estudiantes contra la reforma educativa europea conocida como Plan Bolonia.