La nueva economía en elecciones

stamos asistiendo a avances trascendentales que están estructurando una nueva realidad económica, caracterizada por la globalización. Los cambios tecnológicos, gracias a la revolución de las comunicaciones y el transporte, e institucionales, fruto de la liberalización de los mercados, están impulsando las fuerzas competitivas que, a su vez, permiten un crecimiento más equilibrado y sostenido. Estamos asistiendo a una creciente interdependencia de los mercados mundiales de bienes, servicios y factores, lo que permite una mejor asignación de los recursos y, como consecuencia de ello y de la creciente competencia, una oferta de bienes y servicios más barata y de mayor calidad. Asimismo, el aumento de la renta y del bienestar se extienden a un número creciente de países. El nuevo entorno económico internacional ha cambiado algunos paradigmas tradicionales, dando lugar a la llamada Nueva Economía, identificada con largos períodos de crecimiento más sostenido y estable. Los avances tecnológicos, la globalización y flexibilización de los mercados y la movilidad de la mano de obra permiten un crecimiento prolongado sin grandes tensiones inflacionistas, lo que implica el fin de los ciclos económicos, tal y como los hemos conocido, puesto que las características estructurales son distintas: predominio de los servicios en la economía, amplio acceso a la información gracias a la flexibilidad de la tecnología, mayor dinamismo financiero y empresarial y destacado papel de las grandes empresas multinacionales. Y es que un incremento de la demanda de bienes y servicios no se traduce necesariamente en mayores tensiones inflacionistas si va acompañado de una mayor oferta, gracias a la internacionalización y liberalización de los intercambios comerciales, o es absorbido por un incremento de la productividad, fruto de los avances tecnológicos. Asimismo, se cuestiona el concepto de tasa de paro no inflacionista (Nairu), puesto que una situación de pleno empleo no conduce a una mayor presión sobre los salarios y, por ende, sobre los precios, si hay mano de obra abundante en otros lugares; gracias, no sólo a los movimientos migratorios, sino también al teletrabajo. Asimismo, han tomado mayor protagonismo los sectores más estables respecto al ciclo, en cuanto a empleo se refiere, servicios, en detrimento de otros relativamente más volátiles, industria y construcción. En la misma línea, se está produciendo una vuelta al mercado como mecanismo de asignación de recursos. Por una parte, se ha asistido al derrumbamiento de las economías de socialismo real, como consecuencia del fracaso que significó la planificación centralizada.

Por lo que respecta a las economías occidentales, el incremento espectacular del gasto público en la década de los ochenta y principios de los noventa, espoleó al alza la presión fiscal, al final, acabó desembocando en fuertes déficit y crecientes endeudamientos del sector público, que no son sino el anticipo de futuros incrementos impositivos. A esto se añadió un efecto expulsión o «crowding out», que generaba tensiones sobre los precios y los tipos de interés, así como en el saldo por cuenta corriente, puesto que muchos países debían financiarse en los mercados internacionales, uno de cuyos rasgos era la escasez relativa de ahorro y, por consiguiente, el encarecimiento de su recurso para financiar los elevados déficit públicos de la época. De este modo, las políticas de demanda amparadas en el paradigma keynesiano se vieron incapaces de frenar la inflación y los enormes desequilibrios presupuestarios, al tiempo que se mostraban las imperfecciones del ciclo político y del propio funcionamiento interno del sector público: comienzan a ser cuestionadas las intervenciones públicas dirigidas a resolver los fallos del mercado, puesto que surgen los fallos del Estado, que obligan a llevar a cabo un proceso de privatizaciones y desregulaciones. En la actualidad, se ha revisado el papel que debe jugar el sector público en los países desarrollados, y se ha optado por dotar de mayor protagonismo a la iniciativa privada, mediante la liberalización de los mercados de bienes, servicios y factores, eliminando así las trabas que impiden la adecuación de la oferta a los cambios impuestos por el aumento de la competencia y la revolución tecnológica. Es necesario reducir el tamaño del sector público, así como mejorar su gestión. Asimismo, la reducción de los desequilibrios públicos pasa por el control del gasto y no por aumentos de la presión fiscal, que acaban minando la iniciativa individual y la asunción de riesgos, único mecanismo de adaptación a las nuevas circunstancias. En definitiva, la consolidación presupuestaria y, en general, la estabilidad de los desequilibrios fundamentales de la economía, es la única forma de asegurarse la confianza de los inversores internacionales y mantener una estrecha relación entre los mercados financieros y la economía real. Por el contrario, las políticas económicas intervencionistas, que limitan el libre funcionamiento de los mercados, e inflacionistas, son penalizadas por los mercados, por cuanto entienden que dificultan el crecimiento económico. Los partidos deben ofrecer en sus programas reformas estructurales que mejoren el potencial de crecimiento; reducción estructural de impuestos, garantía de la seguridad jurídica, flexibilización de mercados, infraestructuras, formación adecuada e I+D, y evitar las propuestas de incremento del gasto público.