La Policía no conoce los planes de evacuación de edificios públicos

La Policía Nacional, más concretamente los agentes que trabajan en ella, no están formados ni conocen los planes de evacuación de los edificios públicos y las comisarías según informaron a LA RAZÓN representantes de los sindicatos y varios agentes consultados.

De hecho, el pasado 13 de mayo, el Comité de Seguridad y Salud, actuando en representación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), envió una carta a los mandos policiales en la que preguntaban, en un tono bastante irónico pues conocen de sobra la respuesta, si existen planes de evacuación o emergencia en los centros de trabajo policial de la Comunitat y, en caso de que sí existan, si los funcionarios que trabajan en ellos tienen conocimiento de los mismos y de su protocolo de actuación en caso de incendio, evacuación o atentado de cualquier tipo.

En la misma misiva se recuerda que el reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud de Valencia dice, literalmente, en su capítulo tercero artículo 13 que, «el comité se reunirá al menos una vez cada trimestre los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre». Sin embargo, hace más de nueve meses que no se produce la citada reunión.

Ejemplo práctico

Para el SUP, estos hechos son de extrema gravedad. Como ejemplo de ello ponen un simple incendio en uno de los edificios emblemáticos, y a la vez más concurridos, de la capital del Turia. ¿Qué pasaría si mañana se incendiara fortuitamente la Ciudad de la Justicia de Valencia?.

En las citadas dependencias judiciales, por donde cada día circulan entre sus paredes miles de personas, las competencias están repartidas entre la Guardia Civil y la Policía Nacional dependiendo de la zona del edificio en la que se esté.

La duda surge, por ejemplo, en qué habría que hacer con los detenidos que están en los calabozos de la guardia. ¿En caso extremo se les podría dejar libres para que pudieran salir solos?, ¿habría que esposarlos y sacarlos?, ¿Dónde esperarían mientras trabajan los bomberos?, pero sobre todo ¿quiénes son prioritarios, los civiles, los detenidos o la propia Policía?. El problema es que quienes trabajan allí y que, por ende, deberían conocer las respuestas, no las saben.