Los ayuntamientos los olvidados

El presidente del Gobierno se había comprometido con los ayuntamientos a que la financiación local fuera en paralelo con la autonómica y que entrara en vigor en 2010. No será así. El vicepresidente Manuel Chaves trasladó a Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que el acuerdo no podrá estar preparado antes de 2011. Al parecer, los esfuerzos económicos que supone el modelo de financiación autonómica hacen imposible satisfacer la demanda de los entes locales. El nuevo incumplimiento de la Administración con los ayuntamientos es uno más dentro de una política de desatención y olvido casi permanente, sin que los llamamientos y las reivindicaciones de los entes locales hayan sido escuchados. El Gobierno ha primado a las autonomías, instrumentos políticos de un peso considerable y de una capacidad de presión fuera del alcance de los municipios, y ha marginado a la Administración local hasta abocarla a una situación extrema. LA RAZÓN publica hoy una radiografía municipal con un significativo estudio de campo de varias provincias que recoge un estado de emergencia y de ahogo económicos. Las cifras oficiales de endeudamiento son más que alarmantes. Los números rojos de ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares en España al cierre de 2008 ascendían a 32.030 millones de euros, 566 euros por habitante, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda. Además, la carestía municipal tiene consecuencias sobre una buena parte de pequeñas y medianas empresas. Valga el dato de que se calcula que la deuda de las corporaciones locales con las pymes ronda los 3.000 millones de euros. Con este panorama, que el Gobierno socialista reivindique hoy su municipalismo es inconsistente, y que lo justifique con los 8.000 millones de euros destinados al Plan Local no se sostiene, porque hablamos de un proyecto dirigido a resolver una coyuntura puntual de desempleo que no ataja ni de lejos las necesidades estructurales de las corporaciones. Los ayuntamientos no pueden pagar sus gastos corrientes ni sufragar los servicios públicos, que prestan únicamente con parches, sino que necesitan una solución solvente, suficiente y, sobre todo, permanente que no llega. La indefensión y la vulnerabilidad del poder local contrastan con la relevancia que debería tener como la administración más próxima a los ciudadanos y la que tiene la responsabilidad de prestar los servicios cotidianos más indispensables. Han tenido que asumir competencias que no les correspondían por una especie de políticas de hechos consumados por parte de un Gobierno y unas autonomías que no cumplían con sus funciones. Y todo ello sin el dinero necesario. Es un sudoku imposible, que ha acabado por bloquear a estas entidades. Para colmo de males, los ayuntamientos han depositado su suerte en las manos de Pedro Castro, que ha primado el interés de su partido por encima del de los ayuntamientos, lo que le inhabilita de plano para seguir al frente de la FEMP. El Gobierno tiene la obligación de asumir su responsabilidad y no condenar a las corporaciones a un estrangulamiento económico con repercusiones inevitables para los ciudadanos. Hay que afrontar con seriedad y rigor una emergencia que no se puede posponer y a la que no se puede responder con ocurrencias ni demagogias. A los ayuntamientos, por su parte, les corresponde un esfuerzo de austeridad considerable, de rigor en el gasto y de unidad, siempre que sean capaces de elegir a un representante que defienda de verdad sus intereses y los de los ciudadanos.