No podemos

Cuenta el médico Lucas que en los primeros años del cristianismo, cuando el grupo de discípulos de Jesús no pasaba de ser un minúsculo colectivo en el seno del judaísmo, el Sanedrín decidió proceder a detener a dos de los primeros seguidores del crucificado. En la medida en que se trataba de personas piadosas que no hacían mal a nadie, el Sanedrín estaba dispuesto a no complicarles la vida en exceso. Lo único que exigía de ellos era que no insistieran en que el ejecutado había resucitado y, sobre todo, que se dejaran de realizar juicios morales. Los dos discípulos ni se plantearon aceptar aquellas directrices y respondieron gallardamente: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». En buena medida, la Historia del cristianismo es el devenir tenso que discurre entre el hablar y el callar. Cuando los cristianos han dicho lo que debían los resultados han sido verdaderamente prodigiosos. Si Bartolomé de Las Casas frenó en no escasa medida la explotación de los indios, William Wilberforce logró que se prohibiera la trata en Inglaterra y que se emancipara a los esclavos; si Lord Shaftesbury impulsó la aprobación de las primeras leyes sociales de protección para mujeres y niños –décadas antes de que los socialistas tocaran balón– los obispos de los primeros siglos establecieron un sistema de asistencia para necesitados que algunos han definido como «un estado del bienestar en miniatura». No deja de ser significativo que en agosto de 1941, el mismo Hitler, ante la protesta de las iglesias católica y evangélica ordenara que se suspendiera la aplicación de la ley de eutanasia. Lógica –y trágicamente– cabe preguntarse qué no hubieran conseguido los cristianos si además de la eutanasia se hubieran opuesto, como, por ejemplo, Martín Niehmoller, a la estigmatización de los judíos. Cuento todo esto en relación con el comportamiento que está teniendo el PSOE respecto a la nota de la Conferencia Episcopal sobre las próximas elecciones. Por lo visto, ZP y los suyos sólo pueden aceptar declaraciones cuando, como en el caso de la Junta islámica o de la Federación de gays y lesbianas (FELGT), son de apoyo y pone el grito en el cielo cuando se refieren a principios morales que no son los de Educación para la ciudadanía. Pero le guste o no a ZP, las entidades religiosas –aunque no estén llamadas a intervenir en política– ni pueden ni deben callar cuando se vulneran principios morales que son de importancia para ellas. La iglesia católica –y, en general, todas las confesiones cristianas– tiene la obligación de defender la vida en todas sus fases, de oponerse a las limitaciones al derecho a la libertad religiosa y de clamar contra cualquier lesión de los derechos educativos de los padres como supone la asignatura de EpC. La conferencia episcopal –y cualquier organización que se considere cristiana– debe actuar así porque, de lo contrario, traicionaría de la manera más grave uno de los aspectos más importantes de su misión, el de ser sal y luz en medio de un mundo que no comparte sus valores, pero que los necesita. Y debe actuar a riesgo de que malinterpreten, deformen o manipulen sus palabras los que afirman ser cristianos y pisotean los principios del Evangelio o los que se reconocen abiertamente anticristianos porque ¿cómo podemos callar lo que hemos visto y oído?