«No son abortos son infanticidios»

La Razón
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Madrid- El ginecólogo José Zamarriego, ex presidente del Colegio de Médicos de Madrid, señaló que «siempre se ha sabido» que en España funcionaban clínicas que practicaban abortos con «conductas sospechosas». Sin embargo, nunca se llegó a imaginar «cosas tan espeluznantes» como las que se han contado de las clínicas de Carlos Morín. «Técnicamente –explica–, lo que se hacía en esas clínicas no se puede llamar siquiera aborto. En la carrera estudiamos que es aborto en el primer trimestre. En el segundo es un parto inmaduro y, en el tercero, un parto prematuro». Esto, referido a los fetos muertos por causas naturales. En el caso de las clínicas, a juicio de Zamarriego, se han cometido «infanticidios, porque eso eran criaturas, no abortos».

El especialista asegura que, cuando se practican abortos legales, en las primeras semanas de gestación, el embrión es tan pequeño que «se destruye con el propio legrado». Cuando se produce un aborto natural en fases más avanzadas del embarazo, el feto «se entierra, se incinera o bien puede ser útil en el estudio anatomopatológico». En ningún caso, asegura, se emplean máquinas trituradoras, como se ha llegado a afirmar.

Zamarriego señala que «en el 95 por ciento de los abortos que se practican en España se comete fraude de ley», en alusión al «coladero» del tercer supuesto, el riesgo para la salud física o psicológica de la madre. Sin embargo, de confirmarse las acusaciones contra las clínicas de Morín, «no sólo se habría cometido una ilegalidad, sino también una aberración».

El ginecólogo catalán Luis Cabero, presidente de honor de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), también «sospechaba» que en algunas clínicas privadas se podía estar cometiendo una ilegalidad, pero «sin llegar al grado que puede alcanzar este caso». Cabero coincide con Zamarriego en que lo que parece ser que se practicaba en las clínicas de Morín «no eran abortos, sino partos inmaduros». Indignado, asegura conocer a todos los implicados, como miembros de su mismo gremio en su ciudad, y espera «que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, si se confirman los delitos», porque casos como estos «ensucian a la profesión». Asimismo, se mostró confiado en que «les retiren la licencia» para ejercer la medicina y en que la juez también llame a declarar «a las mujeres que se han prestado a estas prácticas».

Cabero recordó que, aunque Carlos Morín ya pisó la cárcel en el pasado por delitos relacionados con los abortos ilegales, «no fue por delitos tan graves como los que se investigan ahora».

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, por su parte, denunció ayer que las leyes que protegen el aborto permiten que cada año «decenas de miles de vidas humanas sean eliminadas sigilosamente en nuestra sociedad». Además, al margen del caso de las clínicas barcelonesas, señaló que lo que debería llamarnos la atención es la cultura de la sociedad que amparándose en leyes «elimina a sus hijos» mostrando así «la gran enfermedad moral que padece».