Obama avala Guantánamo

Horas después de entrar en la Casa Blanca, y en medio del aplauso y la celebración de la comunidad internacional y de las organizaciones de Derechos Humanos, Barack Obama cumplió con su promesa y ordenó el cierre de Guantánamo en el plazo de un año y la suspensión de los tribunales militares creados por su antecesor en el cargo, George W. Bush, para los presos terroristas por la Ley de Comisiones Militares de 2006. La nueva Administración norteamericana pretendía reemplazar esos órganos especiales por un proceso judicial que se llevaría a cabo en Estados Unidos. Tan sólo cuatro meses después, el presidente Obama ha dado marcha atrás a la que fuera una de sus decisiones más aplaudidas y uno de los principales banderines de enganche de su campaña electoral, grandemente celebrada en Europa, y ha acordado resucitar las controvertidas «comisiones militares» para que sigan adelante los procesos pendientes. El objetivo es recuperar la legitimidad de estos juicios, dotándolos de un marco legal adecuado. La decisión de la Casa Blanca llega además después de otra serie de rectificaciones relacionadas con la guerra contra el terrorismo. A pesar de que se ha reconocido que se practicó la tortura a los sospechosos de este tipo de crímenes, se ha preferido «mirar hacia delante» y se ha aplicado una amnistía de facto a los responsables de los malos tratos. El Gobierno demócrata está decidido también a mantener detenidos de forma indefinida y sin juicio a decenas de presos de la base naval que considera muy peligrosos y que no puede juzgar por falta de pruebas, para lo que está buscando una cobertura legal. También ha apostado finalmente por tratar de impedir la publicación de nuevas fotografías sobre los abusos en las cárceles de Afganistán e Irak, a pesar de que prometió lo contrario. Lo tendrá complicado, como se demostró ayer mismo cuando aparecieron nuevas imágenes de los malos tratos en Australia. Queda claro que Obama ha empeñado buena parte de su crédito ante una buena parte de su electorado, principalmente los grupos de libertades civiles, que le auparon hasta la Casa Blanca, entre otras razones porque se comprometió a acabar con la política que simbolizaba Guantánamo, y que él mismo aseguró en campaña que era un «tremendo error». El riesgo es que ese desgaste le pase también factura en otros ámbitos de su ambiciosa acción de gobierno, y que todo esto merme el gran apoyo popular necesario para emprender las duras reformas que el país necesita. Sin embargo, hay que ponderar el paso dado por Obama como un ejercicio de responsabilidad de un mandatario que es capaz de dar este volantazo en un asunto capital para no debilitar la posición de Estados Unidos en un frente clave. Puede decirse que Obama se ha topado de bruces con la cruda realidad que supone dirigir la guerra contra el terrorismo desde el Despacho Oval. Ha sabido ganar legitimidad política y jurídica con una reforma de los juicios militares de Guantánamo acorde con el Derecho nacional y el internacional, con pruebas y sin torturas. Una democracia debe aprender de los errores, pero su corrección no puede suponer en caso alguno un perjuicio aún mayor para los intereses generales. Guantánamo fue la reacción excepcional de un país atacado y herido que velaba por la libertad y la seguridad de sus ciudadanos. Se cometieron abusos y se tomaron decisiones que transgredieron barreras, lo que no puede ser justificado. Obama ha entendido que echar abajo sin más un trabajo de tantos años sería poco responsable. El limbo jurídico debía acabar, pero el desenlace no podía suponer más impunidad para los terroristas.