Ofensiva contra la Guardia Civil

Casi al mismo tiempo que la Audiencia Nacional prohibía los homenajes a presos etarras previstos para hoy y mañana en la localidad guipuzcoana de Villabona, explosionaba el artefacto que los pistoleros habían colocado en un todoterreno de la Guardia Civil en Mallorca, causando la muerte de dos guardias. Poco después, los artificieros desactivaron otro coche bomba en la localidad de Calvià. No habían pasado ni 36 horas desde que una furgoneta bomba devastara en Burgos un edificicio en el que dormían 120 personas, de ellas 41 niños. La banda, qué duda cabe, ha emprendido una campaña de terror poniendo en la diana a quien más teme: la Guardia Civil. Desde hace años, los terroristas tratan de lograr notoriedad internacional sembrando de bombas las zonas turísticas, sobre todo del Mediterráneo. En Mallorca, su presencia no es de última hora, se remonta a principios de los años noventa, década en la que perpetraron dos atentados, y fue en esta isla donde estuvieron a punto de atentar contra el Rey Don Juan Carlos. Más que nunca, sobre todo después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los criminales necesitan recobrar protagonismo y que la onda expansiva de sus crímenes llegue a toda Europa. El objetivo último es crear un clima de perplejidad que fuerce a la negociación, siguiendo ejemplos como el del IRA, que tanto prestigio tiene en algunos países europeos poco dados a distinguir entre el conflicto irlandés y el matonismo etarra. No conviene, pues, relativizar la envergadura de la amenaza y menospreciar su capacidad criminal. Es necesario recuperar las rigurosas medidas de seguridad, tanto en edificios e instalaciones como en el ámbito personal y de autoprotección. No debe pasar desapercibido que los terroristas burlaron en Burgos los controles policiales para la identificación de la furgoneta y que en Mallorca colocaron sendas trampas asesinas nada menos que en dos vehículos oficiales. Si ayer pedíamos al Ministerio del Interior que reforzara las medidas de seguridad en torno a las casas cuartel de la Guardia Civil, hoy la atención también debe fijarse en las medidas de autoprotección que eviten asesinatos como el del inspector Puelles o los de Diego Salva y Carlos Sáenz. Por lo demás, el combate contra la banda no puede apartarse un milímetro del cauce policial, judicial y político que está siguiendo, impecablemente escenificado ayer en el Congreso. Por eso, en un día tan luctuoso se agradece que la Audiencia Nacional haya rectificado una decisión judicial anterior y prohibiera los homenajes a presos de ETA que se iban a celebrar hoy y mañana. El tribunal considera que en estos homenajes concurren «claros indicios de la comisión de un delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo» o de «realización de actos» que humillan a las víctimas. No podemos estar más de acuerdo con esta rectificación, que ayer mismo pedíamos en esta misma página, pues llega justo a tiempo para evitar los actos de exaltación del brazo político de ETA y, además, corta el paso a la celebración de otros similares a lo largo del verano y al amparo de las fiestas populares. Los presos terroristas no tienen más derechos que los violadores o los condenados por violencia de género, a los que nadie en su sano juicio se le ocurriría rendir homenaje. No nos cansaremos de repetir las palabras con las que ayer cerrábamos nuestro comentario editorial: La lucha contra ETA no admite fisuras ni dudas bienintencionadas, porque la réplica es siempre la misma, asesinato y destrucción.