El Banco de España obligará a fusionarse a las entidades que reciban dinero público del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), según consta en el documento que ayer remitió Economía a los grupos parlamentarios horas antes de aprobar su plan. Estas entidades «tendrán que presentar al Banco de España un plan que prevea procesos de integración que comporten una mejora de su eficiencia y perspectivas futuras».El fondo de reestructuración estará dirigido por una comisión rectora presidida por el subgobernador e integrada por ocho miembros, cinco propuestos por el Banco de España y tres correspondientes a cada uno de los Fondos de Garantías de Depósitos (FGD), de bancos, cajas y cooperativas, respectivamente. Su mandato será de cuatro años renovables. Este fondo podrá apoyar financieramente los procesos de fusión de entidades a través de la compra de participaciones preferentes convertibles en acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital social de dinero público. En el caso de las cuotas, podrá superar el 5% del capital de las entidades en situaciones de «especial gravedad». La emisión de estos activos se considerará «excepcional» y estará sujeta al plan de integración que las entidades sometan a la aprobación del Banco de España, junto con el compromiso de recomprar esos activos en un plazo máximo de tres años. Además, existirán «intensos mecanismos de seguimiento y control» de la ejecución de estos planes de integración, aunque podrán ver modificadas sus condiciones si la situación de la entidad lo hace aconsejable y ésta así lo pide. Con carácter previo a las fusiones, el fondo solicitará un informe a la autonomía si se trata de cajas y a Economía, si son bancos. El texto no especifica si esos informes serán vinculantes. La propuesta que Economía ha trasladado a la oposición no distingue entre bancos y cajas, por lo que no hace referencia al derecho de veto de los gobiernos autonómicos a las fusiones, ni apunta la necesidad de una reforma de la Ley de Cajas. En el caso de requerirse una intervención pública en alguna entidad, ésta se conduciría según lo estipulado en la Ley de Disciplina e Intervención de las entidades, que plantea que el Banco de España sustituya a los administradores. La novedad está en que asignaría está función al FROB, que estudiaría la situación y propondría un plan de reestructuración.El fondo contará con un capital inicial de 9.000 millones, aportado en dos terceras partes por el Gobierno, a cuenta del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, y en un tercio por los FGD. Además, contará con una capacidad de endeudamiento de tres veces su capital, es decir, de 27.000 millones, con lo que los recursos iniciales se elevarán a 36.000 millones.Caja Navarra acabará con los cargos políticosCaja Navarra puede convertirse en la primera caja de ahorros de España que imposibilite que los cargos políticos y públicos puedan pertenecer a lor órganos rectores de la entidad, incluidos los llamados natos, como son el presidente del Gobierno Foral y la alcaldesa de Pamplona. Miguel Sanz, presidente de Navarra y de la CAN anunció ayer al consejo general de la caja la apertura del proceso de reforma estatutaria, que el martes presentó en Madrid a la ministra de Economía, Elena Salgado, como trámite necesario antes de que el Gobierno de la comunidad lo apruebe en las próximas semanas. La reforma creará la Junta de Entidades Fundadoras, un órgano consultivo sin capacidad de decisión