Otro contrato para la empresa penalizada con 300000 euros

La empresa Telvent, filial de Abengoa, presentó el pasado 26 de mayo un escrito de impugnación ante el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) por la adjudicación provisional a Tecnologías Digitales Audiovisuales (Tedial) de un contrato por dos años para proporcionar «Servicios de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones».

En concreto, la reclamación afecta a una parte del contrato denominada «Lote A», por valor de un 1.200.600 euros, que consiste en la instalación de los elementos técnicos necesarios para suministrar, grabar y archivar las señales de radio y televisión nacionales, autonómicas y locales que se le indiquen.

Cabe recordar que esta tarea fue adjudicada con anterioridad a una unión temporal de empresas (UTE) compuesta por AS Medios y la propia Tedial, a la que el CAA abrió dos expedientes contradictorios y le impuso penalizaciones por valor de unos 300.000 euros al no cumplir con las prestaciones contratadas. De hecho, durante los dos años que estuvo en vigor su acuerdo comercial –más una prórroga de tres meses–, el Consejo Audiovisual no ofreció ni un sólo informe de pluralismo político, finalidad primordial para la que se solicitan los servicios objeto de polémica.

La Mesa de Contratación del proceso en el que participó Telvent estuvo formada por técnicos del Consejo y presidida por Carmen Fernández Morillo, y a pesar de que ambas empresas obtuvieron calificaciones muy similares, adjudicaron el «Lote A» a Tedial el pasado 15 de mayo.

La filial de Abengoa advierte ahora en su escrito que, según la información que les ha facilitado el propio CAA, se han cometido «errores» como que Telvent «ofrece un plazo de puesta en servicio de 45 días por centro –en el apartado de provisión del servicio–», mientras que el deTedial es de «15 días por centro». Según la reclamante, su plazo ofertado es, en cambio, de «un total de 45 días para la totalidad de centros».

En la misma línea, advierten al Consejo de que «no es posible tener en cuenta como valor en la oferta de un candidato actuaciones realizadas previamente a la ejecución del contrato licitado», como apuntan que se ha hecho en este caso, al vulnerar la ley del sector público.