Superar el caos organizativo

La modernización de la Administración de Justicia requiere, necesariamente, la modificación de las estructuras en las cuales se asienta el sistema judicial español. Nuestro sistema no responde a una sociedad moderna y dinámica y, por tanto, no podemos seguir con esquemas y procedimientos ideados para una realidad social y económica de una España decimonónica y rural. Ello exige, como paso necesario, modificar las leyes procesales para adaptarlas a la nueva realidad pretendida.Cuando celebramos que el nuevo equipo ministerial se muestra decidido a conseguir el objetivo de modernización que tenemos pendiente desde el año 2003, con la aprobación de la Ley Orgánica 19/2003, vemos con estupefacción cómo hay un grupo de la doctrina, inmovilista y de espaldas a la realidad, que pretende seguir anclado en un modelo de organización que, por superado, todos pensamos que hay que modificar. Este sector doctrinal parece no tener en cuenta que la calidad del servicio prestado por las instituciones públicas es fundamental para la legitimidad de éstas. Así, es cuando menos cuestionable hacer primar irreales disquisiciones teóricas de un proyecto sobre lo que siempre debe regir el funcionamiento de cualquier administración, más si cabe la de Justicia, esto es, el servicio público. Y en este sentido vemos cómo la sociedad actual demanda una justicia de calidad, eficiente y eficaz, y será la consecución de tales objetivos lo que la dotará de mayor legitimidad. Pero no lo conseguiremos sino cuando el funcionamiento sea el adecuado; de tal manera que la única perspectiva responsable al enfrentarnos a las actuales reformas procesales es la de servicio público y ésta debe ser la brújula que las guíe. Al fin y al cabo, calificar como de constitucionales o no determinadas normas procesales, no pasa de ser una mera opinión, ya que pretender algo más sería atribuirse competencias que sólo residen en nuestro Tribunal Constitucional. No se trata de desapoderar a nadie, sino al contrario, de intentar que con la participación de todos, podamos superar el caos organizativo y de orden competencial en el que hoy nos encontramos y que da lugar a que todos los operadores jurídicos, de una u otra forma, lo denuncien incesantemente.Es la hora del cambio, la hora de la modernización, en definitiva, la hora de la Justicia del siglo XXI, en una España moderna y dinámica, en la que el ciudadano merece, cuando accede al servicio público de la Justicia, que ésta sea eficaz, eficiente, cercana, transparente y atenta a sus necesidades.