Un juez impide que el terrorista que quiso asesinar a Atutxa sea pregonero

El pregón de las fiestas de la localidad vizcaína de Igorre no será leído el viernes por el ex preso de ETA Guillermo Marañón, como pretendía el Consistorio gobernado por ANV. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao ordenó ayer la suspensión cautelar de dicho nombramiento, al aceptar el recurso encargado por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, a la Abogacía del Estado para que el acto del pregón no se desarrolle. Marañón salió de prisión el pasado 12 de abril tras cumplir una condena de catorce años por integrar el «talde» de apoyo al «comando Vizcaya» que trató de asesinar en 1994 y hasta en cinco ocasiones al ex consejero del Interior, Juan Mari Atutxa, que también fue presidente de la Cámara de Vitoria.

El recurso, sobre el que ahora tendrá que pronunciarse de forma definitiva el juzgado bilbaíno, se basa en el «respeto a los derechos de las víctimas del terrorismo» que recoge la Ley de Reconocimiento y Reparación de este colectivo, y que fue aprobada por el Parlamento vasco en 2008.

El nombramiento de Marañón realizado por acuerdo municipal el pasado martes fue tachado de «vomitivo» por el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti. En un acto electoral celebrado en Bilbao, advirtió de que «no podemos conseguir la paz y la libertad si los terroristas son vistos y colocados como personas dignas».

Basagoiti lamentó que «Zapatero siga sin arreglar el desaguisado que nos montó» al dar luz verde a «los alcaldes de ANV, de ETA, de Batasuna». «Si hace falta que en el Falcon se lleve a los terroristas que puso como alcaldes, que lo haga», concluyó. El grupo del PNV en el Ayuntamiento de Igorre calificó el nombramiento de Marañón, vecino del municipio, de «aberrante», «desvergüenza» y de «falta de ética». Por su parte, el consejero del Interior, Rodolfo Ares, dijo que la decisión municipal es intolerable» porque «ofende a las víctimas». Por ello, anunció que si los responsables, pertenecientes a ANV, no rectifican, los partidos deberán propiciar «una posición común de todos los demócratas mostrando el rechazo y repulsa» a la medida. Adicionalmente, el Gobierno Vasco está estudiando la vía judicial sobre el asunto, aunque reconoció que es un camino «más difícil».