Zapatero achaca la huelga de jueces al «caso Tirado»

 El Gobierno volvió a cuestionar ayer la decisión de 25 juntas de jueces de toda España de ir a la huelga el próximo 18 de febrero si la reunión del lunes entre el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y las asociaciones judiciales acaba en fiasco. Esta vez fue el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien reprochó a la carrera judicial que apueste por los paros en pleno proceso de negociación, algo que tilda de «ilógico». Pero fue un paso más allá, al vincular sin ambages esas protestas al «caso Tirado» (la sanción de 1.500 euros al juez que no ejecutó a tiempo una condena contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés).
Por si los jueces no tuviesen bastante con las críticas del presidente, el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lamentó, a través de un comunicado, que «una minoría de la carrera» haya optado por «adoptar medidas de presión» en «esta etapa crucial de la negociación». Y es que el órgano de gobierno de los jueces mantiene que el pasado miércoles sólo respaldó el paro de febrero entre un 18 y un 20% de la Judicatura, una postura que califica de «incomprensible».
«Lo que queremos es dialogar»
Mientras sigue el pulso entre los jueces y el Gobierno, las peticiones de comparecencia se suceden en el Congreso. Si el PSOE pretende que el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, comparezca ante la Cámara para dar explicaciones del «caso Tirado», el PP quiere ahora que sea Bermejo el que explique a los diputados la posición del Gobierno respecto a la anunciada «huelga de togas».
«Esto no había sucedido hasta que no hemos tenido el debate en torno a la responsabilidad del juez Tirado», aseguró Rodríguez Zapatero. El presidente del Gobierno insistió: «Nosotros lo que queremos es dialogar para mejorar el funcionamiento de la Justicia en beneficio de los ciudadanos». A renglón seguido, marcó el camino a seguir a los jueces: «Primero se dialoga y en todo caso luego se toman decisiones», informa Ep.
La postura de Zapatero era secundada por el CGPJ, que se felicitó de que «la inmensa mayoría» de los jueces y magistrados siga optando «por la vía de la responsabilidad institucional y el diálogo». De ahí que lamente las «medidas de presión» abanderadas por «una minoría» –que juzga «precipitadas»–, dado que en su opinión «podrían dejar indefensos a los ciudadanos». La declaración del Consejo –«es difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación»– coincide punto por punto con lo expresado por el presidente Zapatero.
Petición parlamentaria
Por su parte, el Grupo Popular ha solicitado que el ministro de Justicia exponga en la Comisión del ramo del Congreso la posición del Gobierno ante el anuncio de convocatoria de huelga por parte de los jueces. En el escrito presentado ayer en el Registro de la Cámara Baja, el PP especifica que Bermejo debe detallar la opinión del Ejecutivo en relación con «la plataforma reivindicativa de las asociaciones judiciales que ha llevado a cabo el anuncio de sucesivas convocatorias de huelga».
Tras conocer la decisión de las juntas de jueces que secundarán el paro de febrero, el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ya advirtió a Bermejo de que, si continúa mostrando su «desprecio» por los jueces, sólo conseguirá que «el cien por cien secunde la huelga».
La petición del PP se une a la registrada por ERC, IU e ICV para que el ministro de Justicia rinda cuentas por esta cuestión en el Parlamento. Estas formaciones también han solicitado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, aborde esta misma cuestión en el Congreso.
Pero a Bermejo se le avecina otro problema. Las tres asociaciones de fiscales han elaborado un documento de trabajo conjunto en el que se incluyen las reivindicaciones que formularán el próximo 28 de enero al Ministerio con el objeto de mejorar la situación de la Administración de Justicia. En un comunicado, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales señalan que estas propuestas coinciden con muchas de las de las asociaciones de jueces, y advierten de que su actuación futura «dependerá del desarrollo de los acontecimientos».