¿Quién dio la orden de asesinar a “Míster Banano”?

La extrema violencia apunta a que los sicarios colombianos que mataron al presidente haitiano, Jovenel Moïse, fueron contratados para un ajuste de cuentas por la mafia haitiana

La teoría de un ataque de las pandillas haitianas se basa en el modus operandi de los sicarios y los vínculos de Moïse con el crimen organizado. REUTERS
La teoría de un ataque de las pandillas haitianas se basa en el modus operandi de los sicarios y los vínculos de Moïse con el crimen organizado. REUTERS FOTO: POOL REUTERS

Una pregunta flota entre las calles de la capital haitiana, Puerto Príncipe, mucho menos bulliciosas de lo habitual: ¿Quién ordenó asesinato del presidente? Los escándalos de corrupción, su estilo de gobierno cada vez más autoritario, sus vínculos con el crimen organizado, la falta de oportunidades en el país más pobre de América, la pandemia y la espiral de violencia desatada hace unos meses han ido conformando una larga lista de enemigos del presidente haitiano, Jovenel Moïse, asesinado a la una de la madrugada del miércoles en su domicilio. La autoría intelectual es difícil de esclarecer. Los veinte presuntos sicarios detenidos, 18 de ellos de colombianos y dos haitiano-estadounidenses, y los cinco prófugos venden al mejor postor sus servicios de homicidios, secuestros y extorsiones. Tres sospechosos perdieron la vida en tiroteos con las fuerzas de seguridad. Las autoridades solo han revelado que los sospechosos formaban un “grupo altamente entrenado y fuertemente armado”.

La extrema violencia del asalto apunta a que los mercenarios fueron contratados por la mafia haitiana para un ajuste de cuentas contra Moïse. Los primeros resultados de la autopsia revelan que los ojos del presidente fueron arrancados. El ministro de Asuntos Electorales de Haití, Mathias Pierre, señala a la oposición. El mandatario asesinado de 53 años de origen humilde, antiguo productor de bananas, sufrió torturas porque el comando “buscaba que firmase una carta de renuncia”. “Moïse fue asesinado. Antes lo torturaron. Las pruebas muestran que le partieron un brazo y una pierna. Luego recibió 12 disparos”. El ministro no ha esclarecido “si hubo o no miembros de la seguridad del presidente involucrados”, pero mostró su sorpresa “porque no hubo intercambio de disparos” en el asalto a la residencia presidencial altamente custodiada.

La teoría de un ataque de las pandillas haitianas se basa en el modus operandi de los sicarios y los vínculos de Moïse con el crimen organizado. El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ignacio Martínez Cortés, señala a LA RAZÓN que la opción más probable es que el comando fuese contratado por organizaciones criminales haitianas vinculadas a Moïse: “El presidente tenía la intención de salir del país. Nos lleva a pensar que traicionó a las bandas internas. Moïse había sacado dinero de Haití. Habría que conocer los fuertes compromisos que había asumido para proteger a estas pandillas. Al sentirse traicionados, es probable que ordenaran el asesinato”.

Pese a las declaraciones del ministro, las informaciones no apuntan a que la oposición haya orquestado un golpe de estado. “Las sonadas militares suelen venir acompañadas de una proclamación por parte de un militar o civil ligado a los atacantes. Ha habido ejemplos en Chile, Brasil, Venezuela… no es un elemento que haya aparecido en este crimen. No tiene sentido la teoría de un ataque de la oposición política”, apunta Cortés.

Las oligarquías es un sector señalado como sospechoso de haber contratado a los sicarios a través de cuatro empresas colombianas. El propio Moïse declaró en una entrevista con este diario que era “objetivo de las oligarquías corruptas” porque decidió “cambiar el sistema”. Moïse provenía del sector bananero, se hacía llamar Míster Banano y no tenía experiencia política hasta su llegada a la presidencia en 2017. Cortés entiende más probable que algún enemigo de las altas esferas empresariales haya orquestado la operación. “La relación entre la política, el poder y el crimen organizado en Haití es muy grande. El presidente tenía muchos enemigos entre la oligarquía haitiana. Algún actor importante pudo haber contratado al comando que mató al presidente”.

El Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, ha informado que uno de los exmilitares detenidos por el asesinato de Moïse es su primo. El catedrático descarta que se trate de una operación orquestada desde el exterior: “EE.UU. no tiene ningún interés en dar un golpe de estado que desestabilice más al país. Al contrario, una mayor inestabilidad en Haití podría agudizar un problema que la Casa Blanca quiere resolver en Haití: la migración. La ayuda de Colombia es lógica como aliado de EE.UU. Si no se revuelve esta situación de vacío de poder en Haití, puede desencadenar en otros problemas que afecten a la región. La ONU y la Organización de Estados Americanos deben implicarse más para estabilizar Haití”.

Las pesquisas se centran en encontrar a los cinco sicarios fugados y en los interrogatorios a los 20 detenidos para saber quién ordenó el asesinato del presidente. Cortés remarca un detalle sobre el crimen que desmonta la hipótesis de una intervención estadounidense: “El traslado de la primera dama al hospital Jackson Memorial de Miami pocas horas después del ataque refleja una buena relación diplomática entre ambos países”. Colombia ha enviado a tres altos cargos de los servicios de inteligencia para esclarecer el magnicidio. El jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Rodolfo Amaya, el director de Inteligencia de la Policía, Norberto Mujica, y un oficial del más alto nivel de Interpol Colombia han viajado a Haití para colaborar en la investigación en la que 26 de los 28 autores materiales del crimen son colombianos.

El vacío de poder provoca la pugna entre el Senado y el primer ministro

Haití trata de llenar el vacío de poder tras el asesinato del presidente. El Senado ha proclamado presidente provisional a Joseph Lambert, presidente de la Cámara Alta, y niega la autoridad del primer ministro interino, Claude Joseph, al frente del gobierno apoyado por EE.UU. y la ONU. La resolución ha sido aprobada por ocho de los diez senadores que continúan en activo. El Senado se encuentra parcialmente disuelto desde que en febrero de 2020 no se celebrasen los comicios legislativos. La mayoría de los partidos y un gran número de organizaciones de la sociedad civil han rechazado la autoridad del primer ministro interino. La decisión ha recrudecido la crisis política provocada por el vacío de poder.

El acuerdo deposita en Lambert la tarea de organizar elecciones libres y seguras. El nuevo presidente deberá acometer la pacificación del país, envuelto en una ola de violencia provocada por la disputa de las bandas de los barrios del oeste de la capital, Puerto Príncipe, y otras zonas. La decisión del Senado trata de apartar del poder a Joseph, quién ha asegurado que “la única forma de ser proclamado presidente de la República es a través de elecciones”.

La hoja de ruta marcada por el Senado aplaza las elecciones previstas para el 26 de septiembre. Joseph ha pedido el envío de tropas a EE.UU. y la ONU para controlar la crisis de seguridad y proteger infraestructuras. Washington ha rechazado esta solicitud de “asistencia y seguridad”. La Casa Blanca enviará lo antes posible agentes del FBI.

El académico destaca que sería conveniente que se hiciera cargo de una transición hasta la celebración de elecciones quien más apoyo popular y consenso suscite: “Joseph solo tiene respaldo de agentes políticos y económicos. Henry tiene más apoyo popular y de la oposición. Los próximos 50 días hasta septiembre serán claves. Puede agudizarse la tensión o caminar hacia la pacificación”. El desarrollo de la espiral de violencia marcará el futuro de la mitad este de la isla de La Española que Haití comparte con República Dominicana. La organización de elecciones se antoja un reto mayúsculo. Haití trata de recuperar la normalidad tras el shock del asesinato del presidente mientras debe afrontar sus dos grandes retos: la pacificación y la estabilidad política.