330.000 euros para evitar la publicación de las cartas del príncipe Carlos

El erario público británico se ha gastado cerca de 275.000 libras (330.000 euros) en un intento de evitar la publicación de las cartas privadas del príncipe Carlos de Inglaterra, indicó hoy el fiscal general, Dominic Grieve.

Ese dinero ha sido aportado por ocho departamentos del Gobierno británico como costas legales para evitar la divulgación de esa correspondencia que fue solicitada por el diario "The Guardian", interesado en conocer el nivel de influencia en el Ejecutivo del heredero de la Corona, de 65 años.

Según Grieve, responsable de vetar la divulgación de las cartas de Carlos de Inglaterra alegando que deben ser confidenciales, esa cantidad será recuperada por los contribuyentes británicos si se gana el caso abierto contra "The Guardian", a iniciativa del periodista Rob Evans.

El pasado día 12, el Tribunal de Apelación de Londres consideró ilegal la decisión del fiscal general de vetar la difusión de cartas enviadas al Gobierno por el heredero al trono entre 2004 y 2005.

Los ministerios a los que las misivas fueron dirigidas eran los de Empresa, Sanidad, Educación, Medio Ambiente y Asuntos Rurales, Cultura y el de Irlanda del Norte.

En los últimos años algunos sectores de la prensa han criticado al príncipe por tratar de influir en las políticas del Gobierno.

En opinión del fiscal general, sin embargo, las misivas del heredero con los diferentes ministerios debía mantenerse como confidenciales porque formaban parte de "su preparación para reinar".

Pero el periodista Rob Evans quiere saber el alcance de la posible influencia del príncipe en los ministerios y está interesado en cartas enviadas entre septiembre de 2004 y abril de 2005, cuando el Partido Laborista estaba en el poder.

En septiembre de 2012 el Tribunal Superior consideró que Evans y la población tenían derecho a conocer el contenido de la correspondencia en virtud de la ley de libertad de información, pero el dictamen fue vetado dos meses después por Grieve.

El pasado día 12, el Tribunal de Apelación argumentó que la decisión del fiscal de vetar el dictamen de la Corte Superior era incompatible con la legislación europea, si bien le dio permiso para recurrir ante la Corte Suprema, máxima instancia judicial británica, por lo que el veto se mantiene.