Assange, otro enemigo público a punto de caer

Assange ayudó al sargento Chelsea Manning a «hackear» ordenadores con información secreta.

Julian Assange es desde hace años una de las bestias negras de EE UU. Entre otras cosas el Departamento de Estado lo acusa de haber conspirado con el ex soldado Chelsea Manning para «hackear» un servidor del Gobierno. Ésta será una de las principales razones para solicitar su extradición a Reino Unido. Para la Fiscalía de Virginia, el fundador de WikiLeaks conspiró junto a Manning para ayudar a piratear «la contraseña almacenada en los ordenadores del Departamento de Defensa conectados a la Red Secreta, usada por el Gobierno estadounidense para clasificar documentos y comunicaciones». Dicho delito está penado hasta con cinco años de prisión. Sin embargo, las actuales sentencias por crímenes federales suelen ser inferiores a la pena máxima.

Según distintos analistas como Rachel Weiner en «The Washington Post», el Gobierno de EE UU trataría de evitar la posibilidad de que el caso se transforme en una polémica sobre la I Enmienda, la libertad de prensa y la posible legitimidad que pudiera esgrimir una empresa de información cuando publica material clasificado que pueda señalar hipotéticas actividades delictivas de los poderes del Estado.

Se da la circunstancia de que Manning, que fue indultado por el ex presidente Barack Obama, ha vuelto a ser detenido después de negarse a declarar delante de un Gran Jurado respecto a WikiLeaks. En opinión de sus abogados, el activista ya explicó todo lo que tenía que explicar en su día. Respecto a Assange, a nadie se le oculta que tanto esta Administración como la anterior consideran que puso en peligro la seguridad nacional. La Fiscalía va incluso más lejos y siempre ha considerado que llegó a reunirse en varias ocasiones con Paul Manafort en la Embajada de Ecuador en Londres. Tanto los fiscales como los servicios secretos consideran más que evidente la participación de Assange y WikiLeaks en el escándalo de protagonizado por los servicios secretos rusos, que trataron de influir en el resultado de las presidenciales de EE UU de 2016 mediante labores de espionaje y propaganda. Fue a través de su plataforma que salieron a la luz muchos de los materiales sustraídos de forma ilegal de los ordenadores y servidores de la candidata Hillary Clinton y del Comité Electoral del Partido Demócrata.

Tampoco olvidan en el Pentágono el papel jugado por WikiLeaks en la filtración y difusión de miles de documentos relacionados con las guerras de Afganistán e Irak. En noviembre, cuando comenzó a conocerse las bases legales de la petición para extraditarle en caso de ser detenido, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) avidsaba de que «cualquier enjuiciamiento de Assange por las operaciones de publicación de Wikileaks sería sin precedentes e inconstitucional, y abriría la puerta a investigaciones criminales de otras organizaciones de noticias. Además, procesar a un editor extranjero por violar las leyes de secreto de Estados Unidos sentaría un precedente especialmente peligroso para los periodistas nacionales, quienes violan rutinariamente las leyes de secreto extranjero para entregar información vital para el interés público».

La mayor contradicción es que la ACLU estaría defendiendo al mismo Assange que en 2016 cenaba con otro de los asesores de campaña de Trump, Roger Stone, pocos días antes de que los piratas lanzaran en las redes los correos electrónicos de Clinton. El propio Stone calificaba de héroe a Assange.