Berlín obliga a los refugiados a aprender alemán y buscar trabajo

Merkel anuncia una ley que reducirá la ayuda económica a los migrantes que no muestren su voluntad de integrarse. El Gobierno decidirá su reubicación para evitar guetos en las ciudades

Por primera vez en la historia del país, Alemania aprobó ayer una ley de integración para los refugiados que acoja el país. Un paquete legislativo que tiene como objetivo ayudar a los inmigrantes a incorporarse a la sociedad alemana, a cambio de un compromiso que, de no producirse, daría lugar a sanciones.

Tras una reunión extraordinaria de su Gabinete en el imponente Palacio de Meseberg, la canciller Angela Merkel calificó el proyecto de ley de «un hito», y defendió con entusiasmo la necesidad del mismo para integrar a los recién llegados en un país que superó el millón de solicitantes de asilo sólo durante el año pasado. El texto busca promover el aprendizaje de la lengua alemana por parte del refugiado, su rápida integración en la formación y el mercado laboral y un aprendizaje de los principios de convivencia y las leyes europeas.

La batería de medidas, basadas en un sistema de «premio o castigo», desató una oleada de críticas por parte de asociaciones de ayuda al refugiado. La medida que amenaza con sanciones o recorte de la prestación económica de 379 euros mensuales a aquellos refugiados «sin voluntad de integración» es poco realista, según el presidente de la asociación solidaria Deutscher Paritätischer. «¿Cómo podemos castigar a quien no se inscriba en un curso de integración en un país sin capacidad para ofrecer las plazas demandadas?», alegó.

En el proyecto aprobado ayer se prevé igualmente un aumento en el volumen de los llamados «cursos de integración», que pasarán de 60 a 100 horas. Estos cursos pretenden instruir a los inmigrantes sobre los valores alemanes y así intentar evitar sucesos como las agresiones sexuales ocurridos en Nochevieja en Colonia. Las organizaciones de derechos humanos alertan de que estos recortes podrían provocar un aumento en las prácticas delictivas en ciertos grupos de inmigrantes.

Críticas de las ONG

Pero la cláusula más controvertida del paquete es la que determina la política de reubicación de los refugiados. Según esta ley, aún pendiente de ratificación parlamentaria, será el Gobierno germano quien decida en qué región se establecerá el refugiado, evitando núcleos como Berlín, Hamburgo o Colonia para impedir la formación de guetos. «No queremos sociedades paralelas en nuestro país», dicta el comunicado, que fija en tres años el tiempo mínimo de permanencia antes de poder solicitar un cambio de residencia. «Este punto restringe la capacidad de decisión de estas personas», denunció la organización de ayuda al refugiado Pro Asyl, que tachó la ley de «cuestionable, equivocada y populista». Pro Asyl alegó que la mayoría de los refugiados tienen más posibilidades de encontrar trabajo y alcanzar una perspectiva de vida deseada en grandes ciudades que en áreas más pobres. «Los refugiados temen ser trasladados a zonas donde existe un gran rechazo al extranjero», añadió. Sólo un día antes, el Ministerio del Interior germano había anunciado un aumento del 427% de ataques a centros de refugiados en un año. En el primer trimestre de 2016 ya se han registrado 347 delitos de este tipo.

Esta polémica cláusula también se arriesga a chocar con el Derecho Internacional. La representante de la ONU en esta materia, Katharina Lumpp, no tardó en recordar que los tratados internacionales protegen la libre elección de residencia de los inmigrantes.

Asimismo, la ley contempla una serie de bonificaciones para aquellas personas que demuestren un esfuerzo. El permiso de residencia, que según la actual legislación alemana puede obtenerse al cabo de cinco años, se recortaría a tres años en el caso de los inmigrantes que se hayan abierto hueco en el mercado laboral y tengan habilidades lingüísticas medio-altas.

El intenso debate en torno a esta ley que reabre la problemática migratoria tiene lugar un día después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, amenazara públicamente con cancelar el acuerdo con la Unión Europea (UE) para frenar los flujos migratorios desde Turquía si no se acepta la exención de los visados a los ciudadanos turcos.

Alemania, por un lado, teme que se produzca un proceso de «islamización» en el país que chocaría con los valores tradicionales alemanes. Por otro, Berlín ve en la corriente migratoria una posible solución a la crisis demográfica que se le avecina de cara al año 2060, siendo ya el país con menor índice de natalidad de Europa, sólo por detrás del Principado de Mónaco.