Cameron confiscará los sueldos de los irregulares

El «premier» británico centrará la negociación con la UE en la inmigración tras endurecer su campaña contra los «sin papeles».

La inmigración fue protagonista absoluta de la campaña electoral y ahora se ha convertido en una auténtica prioridad para el Gobierno de David Cameron. Tras hacerse con la mayoría absoluta, el «premier» anunció ayer una serie de drásticas medidas que pasan por confiscar los sueldos a los sin papeles y obligar a las entidades bancarias a verificar las cuentas de las personas sospechosas de estar en situación ilegal. Hasta ahora, las empresas podían ser multadas con 20.000 libras (26.000 euros) si contrataban a trabajadores indocumentados. Pero la nueva legislación irá más allá al tipificarlo como delito, si bien aún no se ha especificado qué pena se aplicará. La radicalización del discurso migratorio del líder «tory» no es algo nuevo. Fueron sus propias filas quienes empezaron a presionarle hace ya tres años cuando el euroescéptico UKIP comenzó a ganar popularidad convirtiéndose en una importante amenaza. En los últimos comicios, la formación de Nigel Farage fue la tercera fuerza más votada, por lo que el primer ministro no puede permitirse ahora dar un paso para atrás.

El miércoles, Cameron presentará ante el Parlamento su programa legislativo, el llamado Discurso de la Reina. Y, tal como adelantó ayer, se incluirán todo tipo de normativas para controlar la inmigración. Entre ellas, procesar a los no comunitarios que entran de manera legal, como turistas o estudiantes, pero que se quedan luego para trabajar una vez que su visado ha caducado. Además, la Policía obligará a las agencias de empleo a buscar primero trabajadores con residencia legal en Reino Unido antes de contratar en el extranjero. Por otra parte, también se tomarán medidas contra las personas que alquilen pisos a sin papeles en condiciones infrahumanas. El «premier» ofreció ayer su discurso en el Ministerio del Interior después de que la Oficina Nacional de Estadísticas informase de que el número de inmigrantes que entraron en Reino Unido ha alcanzado los 318.000 en 2014, la cifra más alta desde 2005. «Los datos son decepcionantes, pues no hemos conseguido muchos progresos, pero los tomo como un mandato claro para cumplir con las promesas electorales», admitió. Cameron señaló que la falta de control de la inmigración crea problemas para los servicios públicos, en especial la sanidad y las escuelas, y que su ambición es construir un país «menos atractivo» para trabajar de manera ilegal. «Una inmigración no controlada puede perjudicar nuestro mercado laboral y reducir los sueldos. Y significa que hay mucha gente que entra legalmente en el país, pero luego se queda de forma ilegal. El pueblo británico quiere que estas cosas sean resueltas», añadió.

El paquete de medidas anunciado ayer se suma a las promesas realizadas durante la campaña que afectan directamente a los europeos. El «premier» está decidido a que los comunitarios que vengan sin oferta de trabajo no tengan derecho a la paga que hasta ahora recibía todo aquel que buscaba empleo. Es más, si no lo encuentran en seis meses, deberán abandonar el país. Por otra parte, los inmigrantes –comunitarios y extracomunitarios– no tendrán derecho a recibir prestaciones sociales hasta que lleven viviendo en Reino Unido cuatro años y no recibirán el subsidio familiar por hijos que vivan en el extranjero. Cameron aseguró ayer que restringir el acceso de inmigrantes de la UE al sistema de bienestar británico será un «requisito absoluto» en las negociaciones que ya han empezado de cara al referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en el bloque. «Yo y muchos otros creemos que es adecuado reducir los incentivos para las personas que quieren venir aquí (...) Los cambios en el [Estado del] Bienestar para reducir la inmigración desde la UE serán un requisito absoluto en mi renegociación», recalcó.

Las declaraciones llegan antes de la cumbre de la UE con los países del Este que comienza hoy en Riga. Para Cameron será su primer viaje al extranjero tras su reelección el pasado 7 de mayo. El primer ministro quiere cambiar el sistema de justicia para que Londres deje de estar sujeto a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y aspira también a introducir limitaciones a la libertad de movimientos dentro del bloque, una medida a la que se oponen Francia y Alemania.