Cameron penalizará a los caseros que alojen a «ilegales»

El mensaje no puede ser más claro. Los inmigrantes ilegales no serán bien recibidos en Reino Unido. La crisis de Calais ha endurecido aún más la política migratoria del Ejecutivo británico, que obligará a los caseros a expulsar a los inquilinos que estén en situación irregular. Los propietarios de inmuebles tendrán que asegurarse en primera instancia de que no alquilan su propiedad a personas sin derecho a residir en el país. En caso de que los inquilinos pierdan posteriormente su permiso de residencia, les caduque el visado o se les deniegue la petición de asilo, los podrán expulsar de la vivienda, en algunos casos incluso sin autorización judicial.

La medida se incluirá en la próxima ley de inmigración, que se tramitará en septiembre tras el receso veraniego. David Cameron ya se vio obligado a radicalizar su discurso sobre esta materia durante los comicios de mayo ante el auge de la formación euroescéptica y antiinmigración UKIP. Con todo, la dureza de las decisiones que está tomando frente a la crisis del Canal está siendo criticada tanto dentro como fuera de sus fronteras. El ministro de Justicia de Suecia, Morgan Johansson, le ha acusado de usar un lenguaje divisorio y «poco constructivo», y asegura que Reino Unido no asume toda «su responsabilidad» en la acogida de inmigrantes.

Sin embargo, el primer ministro está decidido a seguir adelante con sus planes y la futura ley de Inmigración, que sólo se aplicará en Inglaterra –el resto de regiones británicas tienen su propia normativa–, penalizará a los caseros que no lleven a cabo las comprobaciones necesarias antes de alquilar su propiedad o que no expulsen a los ilegales. La sanción podría ser una multa o una pena de prisión de hasta cinco años.

Paralelamente, también se prevén medidas para castigar a los caseros que exploten a inmigrantes en situación irregular y les alquilen pisos y viviendas en malas condiciones. «Estamos decididos a combatir a aquellos que hacen dinero de la inmigración ilegal, explotan a gente vulnerable y socavan nuestro sistema de inmigración», aseguró el ministro de Comunidades, Greg Clark.

El director de la asociación nacional de caseros, Richard Lambert, declaró a la BBC que estos nuevos requerimientos «pueden poner a la gente en peligro», pues los inmigrantes podrían oponer resistencia, atrincherarse o defenderse «con todas sus fuerzas». «Debemos pensar bien las consecuencias antes de introducir este tipo de sistemas», afirmó. El plan creó ayer gran controversia, ya que deja muchas cuestiones sin resolver. La primera, cómo la nueva ley cumpliría con el artículo 8 de la Ley de Derechos Humanos –el derecho a la vida familiar y privada– y la legislación nacional e internacional que protege los derechos de los menores. Si el inquilino, por ejemplo, es un padre que deja de estar en Inglaterra legalmente, pero tiene dos hijos nacidos en el país, no debería ser desalojado.

La legislación plantea serios problemas para los propios británicos. Por respeto a la privacidad, en Reino Unido, no existe el carné de identidad y muchos ciudadanos que nunca han salido del país tampoco tienen pasaporte. No tendrían los papeles que a partir de ahora van a pedir los caseros y, por lo tanto, no podrían alquilar en su propio país. Esta situación se ha puesto ya de manifiesto en West Midlands, donde los últimos meses se han aplicado estas nuevas reglas como parte de un programa piloto. Pero las intenciones del «premier» van más allá. El Gobierno ha sometido también a consulta una nueva normativa para retirar la ayuda económica que se concede a las familias de solicitantes de asilo fallidos, de las que hay unas 10.000 en Inglaterra, frente a las 30.000 de Suecia. La presión migratoria se ha intensificado en las últimas horas. Alrededor de 1.700 personas intentaron en la noche del domingo al lunes atravesar el Eurotúnel que une Francia con Reino Unido.