Dos «cabezas de turco» para la muerte del capitán Acosta en Venezuela

El chavismo señala a funcionarios de la dirección de Contrainteligencia. Maduro trata de minimizar daños por el nuevo caso de torturas.

El régimen de Nicolás Maduro hace control de daños con la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, militar activo integrante de la Armada venezolana que fue detenido la semana pasada por «conspirador» y como parte de una operación que incluía, según la narrativa oficial, el asesinato de figuras claves de la cúpula revolucionaria chavista. Estuvo preso en las instalaciones de la temida Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), adonde van a parar los cientos de militares presos políticos de Maduro, todos acusados de rebelión. El lugar, ubicado en Caracas, son oficinas administrativas convertidas en cárceles y recintos de torturas. La Dgcim acumuló, según registro de la ONG Provea que hace seguimiento a derechos humanos, el 75% de las denuncias de torturas hechas públicas durante 2018.

Dos funcionarios de la Dgcim han sido acusados del homicidio en cautiverio de Acosta Arévalo, pero no se ha incluido el cargo de tortura. Los dos señalados son el sargento Steven José Zárate Soto y el teniente Antonio Taracio Mejía. El abogado de Acosta, Alonso Medina Roa, advierte de que se pretende ignorar la legislación contra la tortura, que establece una investigación hacia arriba en la cadena de mando, custodia y traslados de las víctimas.

El Gobierno también ha anunciado a través de comunicados que la Fiscalía investiga el caso «exhaustivamente», y emitido documentos por parte del Ministerio de la Defensa y del propio poder central. Todos, con una contradicción: el Ejecutivo dice que el detenido se desvaneció durante la audiencia de presentación ante el juez; la Fiscalía dice que ocurrió cuando estaba siendo presentado y el Ministerio de la Defensa afirma que fue «antes de iniciar la respectiva audiencia».

El investigador en criminalística Javier Mayorca detalla que la táctica oficial chavista en este caso pasa por generar confusión en torno a la secuencia real de los hechos, reducirlo a un caso y no admitir existencia de un patrón de conducta oficial; ofrecer «cabezas de turco» (los dos detenidos); actuar eventualmente sobre el entorno familiar; desligar a Acosta de la Fuerza Armada (comunicado lo trata de ciudadano y no como oficial activo), y reiterar que participaba de un supuesto complot contra Maduro. De hecho, los portavoces chavistas insisten en que se trataba de un «sedicioso» que buscaba «asesinar al presidente, cometer magnicidio».

Pero nada de eso distrae las consecuencias jurídicas. La Asamblea Nacional de Venezuela ha exigido a la ONU y a la Corte Penal internacional activar pesquisas independientes sobre este caso. Mientras, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, llamó a las autoridades venezolanas a realizar una investigación «rápida, exhaustiva, eficaz, independiente, imparcial y transparente de su muerte». Su oficina considera que el caso de Acosta Arévalo incluye desaparición forzada, tortura y malos tratos.

Waleska Pérez, esposa de Acosta Arévalo, ha exigido desde Colombia que el cuerpo sea entregado a sus familiares, pues ha habido informaciones extraoficiales sobre autopsias manipuladas hechas por parte de las autoridades venezolanas. El reto ahora es que el cuerpo sea resguardado para futuras investigaciones.

La patóloga encargada del caso sería la misma que estudió el cuerpo de Fernando Albán, otro preso político que en octubre pasado murió en manos del Estado supuestamente lanzado desde el piso 10 del Servicio Bolivariano de Inteligencia. La versión oficial afirma que “se lanzó”, a pesar de contradicciones en el relato.