EE UU rastrea el dinero de la droga en Suiza y Andorra

La Fiscalía de Nueva York asegura a LA RAZÓN que tiene «pruebas contundentes» contra el cártel de Cabello

Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del dinero ilícito, las vías para el lavado de fondos y la financiación de grupos terroristas. Rastrea por todo el mundo y cuando encuentra pruebas sólidas lo comunica a sus superiores. La última operación de entidad se hizo pública en marzo, cuando su red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, en sus siglas en inglés) denunció que Banca Privada de Andorra servía para lavar dinero del crimen internacional y el narcotráfico.

Las autoridades andorranas tuvieron que intervenir dicha entidad y acto seguido el Banco de España tomó las riendas de su filial española, el Banco Madrid. Entre los clientes de estas entidades aparecieron varios altos cargos de Venezuela supuestamente relacionados con el lavado de dinero procedente del narcotráfico. En esta investigación figuran los nombres de tres ex ministros venezolanos, el ex jefe de Inteligencia de ese país y un ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA. Y es sólo una pequeña parte de una compleja investigación iniciada hace diez años. Ahora tiene varios frentes abiertos contra el Gobierno chavista por su supuesta implicación en el control del tráfico de drogas desde su territorio y desde Colombia hasta EE UU y Europa.

Hace unos días el ex jefe de la división de Drogas de la Policía Científica de Venezuela, Norman Puerta, acusado con una orden de arresto y alerta roja de Interpol por el presunto delito de blanqueo de dinero, se entregó a las autoridades venezolanas. Ya fue detenido en junio de 2010 por la Policía de Andorra, acusado de ser el presunto autor de un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, y liberado después. Puerta ha reconocido que abrió una cuenta en la Banca Privada de el Principado. En cambio, ha indicado que fue estafado por dicho banco. Fuentes concultadas por LA RAZÓN destacan que la Fiscalía Federal del distrito sur de Nueva York y la de Miami investigan los casos a partir de las pruebas que les habrían proporcionado ex traficantes de droga. Dichas fuentes reconocen que «hay evidencias muy fiables, de al menos un testigo o dos muy sólidos, para construir un caso de gran calibre contra miembros del Gobierno venezolano. Son informantes», de garantía, destacan las fuentes de la investigación consultadas por LA RAZÓN, unas pesquisas realizadas junto a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA)

La crisis de Venezuela habría facilitado a los agentes de la DEA el reclutamiento de informantes entre los traficantes colombianos y venezolanos, además de antiguos miembros del entramado chavista o gente próxima a él. Se entregan en el país –habitualmente suelen aterrizar en el aeropuerto de Miami– a cambio del permiso de residencia o la garantía de sentencias reducidas.

En el pasado, era los miembros de la Agencia Antidroga norteamericana los que facilitaban información al Gobierno de Venezuela para combatir el narcotráfico. La mayoría de las detenciones realizadas entonces tenían lugar gracias a la información de la DEA. Las mismas fuentes apuntan que si el presidente Nicolás Maduro se comprometiera a combatir el narcotráfico y llegara a pedir datos a Estados Unidos, lo conseguiría fácilmente. Pero al mismo tiempo que hacen estas afirmaciones, son conscientes de que Maduro parece no querer saber nada de lo que ocurre en el país debido a que no controla a los militares, que son los que estarían al frente de las rutas de la droga. Los funcionarios estadounidenses confirman que por ahora Maduro no es el principal objetivo de la investigación, sino el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

El Parlamento venezolano ha cerrado la puerta a muchas denuncias e investigaciones en los últimos años que acusaban a destacadas figuras del chavismo, aunque hace unas semanas acordó abrir una investigación sobre los presuntos vínculos de cuatro ex altos cargos del Gobierno del anterior presidente, Hugo Chávez, y dos empresarios venezolanos en un caso de blanqueo de fondos en Banca Privada de Andorra. Ese mismo día, la fiscal general dio cuenta de que había pedido la entrega de información a la banca internacional sobre depósitos de otros venezolanos sospechosos como el empresario Diego Salazar, primo del ex presidente de la petrolera estatal Rafael Ramírez, que podría tener unos 180 millones de euros en el extranjero.

Pero las autoridades de Estados Unidos no esperan «sorpresas» desde Caracas que contribuyan a la investigación que llevan a cabo sus dos fiscalías y la DEA, que también cuenta con el apoyo de la estructura del departamento de Seguridad Nacional. Las fuentes consultadas por este diario reconocen que «la evidencia de causas probables puede sostener perfectamente un juicio público. Las evidencias crecen cada día», concluyen, aunque aclaran que la formulación de cargos no será revelada hasta que se realicen los pertinentes arrestos, dificultados porque muchos traficantes colombianos han trasladado el centro de sus operaciones a Venezuela, donde el Gobierno no combate de forma activa el tráfico de cocaína y sí permite, previo pago, su transporte.