El Congreso de EE UU abre la vía para legalizar a dos millones de “dreamers”

El vicepresidente de EE UU, Mike Pence, recibió ayer al ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en la Casa Blanca.

El vicepresidente de EE UU, Mike Pence, recibió ayer al ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en la Casa Blanca. Sobre la mesa, el fantasma en ciernes de la subida arancelaria, del 5% prometida por el presidente Donald Trump si el país vecino no actúa de inmediato contra la inmigración ilegal.

El problema principal pasaba por determinar qué puede hacer o dejar de hacer México y cómo se determinaría su responsabilidad en el aumento de inmigrantes capturados en la frontera. Según el “New York Times”, el número indocumentados apresados del lado estadounidense durante el mes de mayo fue de 144.278. La cifra establece un récord para los últimos siete años. Al tiempo que supone un incremento del 32% respecto a abril.

La subida arancelaria, que podría llegar a ser del 25% a finales de año, podría llegar mediante la plataforma de la emergencia nacional, declarada por la Casa Blanca hace tres meses. Con ella se pretendía reasignar parte de los fondos ya distribuidos por el el Congreso para acometer la construcción del muro en la frontera. Según informaba la CBS, que citaba al senador republicano Rob Portman, Trump quizás necesitaría cambiar la declaración original o presentar una nueva. Una proclamación que llegaría mientras arrecian los rumores desde el Senado, donde crece el descontento entre las filas republicanas, dadas las fortísimas interconexiones de las industrias y mercados de ambos países.

El caso de los inmigrantes y la polémica por los aranceles añadían gasolina a una semana marcada por la aprobación en el Congreso de un texto que permitiría legalizar la situación de los “dreamers” (soñadores). Por 237 a 187 votos, el Congreso de EE UU, de mayoría demócrata desde noviembre, había aprobado una vía legal para que accedan a la ciudadanía más de dos millones de adolescentes y niños criados en el país, hijos de inmigrantes ilegales, que carecen de papeles a pesar de que han pasado toda o buena parte de su vida en el único país que reconocen como propio.

Se trata de la respuesta, largamente acariciada, al uso que la Casa Blanca hizo de su situación hace más de un año al revocar las protecciones temporales que estableció el entonces presidente Barack Obama, muy discutidas por cuanto le achacaban que ignoraba las resoluciones del Legislativo. Los “dreamers”, caballo de batalla habitual entre los dos partidos han sido utilizados para echarse a la cara la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en materia de inmigración. Un asunto del que no se conocen medidas de gran calado desde Ronald Reagan.

Más allá de la tragedia de millones estaríamos ante el el enésimo eslabón en la guerra de propaganda que desemboca en las elecciones presidenciales del 2020. Sabedores los demócratas de que Trump seguirá pidiendo como contrapartida la aprobación del multibillonario muro en la frontera. No se trata de resolver el conjunto del sistema migratorio, necesitado de reformas de gran calado, obsoleto y sometido a presiones desde hace décadas. La cuestión, pilotada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, resulta más quirúrgica. También más efectiva desde un punto de vista emocional.

Una cosa es vender ante los votantes lo que el país hace con más de 11 millones de indocumentados; otra, y dramática, el debate sobre el destino de unos jóvenes y niños que podrían acabar deportados en unos países que en muchas ocasiones no recuerdan, donde algunos ni siquiera tienen familia, y en los que se habla un idioma, el español, que un número no desdeñable desconoce. Esto, dijo Pelosi, es un “puente para comprender por qué necesitamos una reforma migratoria integral para un sistema de inmigración que incluya las contribuciones de nuestros recién llegados”.

En principio, la medida concede diez años de residencia legal siempre que cumplan una serie de requisitos. Posteriormente serían acreedores de las llamadas “green cards”, las tarjetas de residencia permanente. Pero estas solo llegarán tras haber completado un mínimo de dos años de educación superior y/o haber prestado servicio en el Ejército. Como alternativa cabe trabajar durante tres años. Después un mínimo de cinco años para poder optar a la nacionalidad. Promesas, grandes planes, que resultan quiméricos en vista del enconamiento político de unos y otros, la resuelta oposición del Senado, de mayoría republicana, y la apuesta de Trump por hacer de su caso una suculenta moneda de cambio. Hace apenas año medio, en enero de 2018, el presidente ofreció un plan de protección a cerca de 1,8 millones de jóvenes indocumentados, un millón más de los que cubría la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en sus siglas en inglés). Eso sí, con condiciones: 25 mil millones de dólares para la frontera.